viernes, 2 de agosto de 2019

Oposición al servicio de la gente

“Que nada me gusta, por todo peleo, que no dejo hacer y que no salgo con nada”, son algunos de los
comentarios que me llegan sobre mi ejercicio político de oposición en los diferentes cargos para los
que me han elegido los ciudadanos.

Ojalá con esa misma balanza se midiera la efectividad de la función pública, de la justicia, de la
participación ciudadana. Yo he estado en oposición porque he concluido que ninguna de las personas
que nos han gobernado me ha generado confianza, no conozco los méritos que por ayuda y
compromiso con los ciudadanos los haya llevado al poder. Considero que uno no se debe
compromete con cualquiera, sobre todo en la función pública.

Está demostrado quien llega lo hace a través de los medios que sea, para hacer mal uso del poder y
pagar las altas sumas de dinero recibidas para financiar las costosas campañas electorales. Ya no son
negocios sino mafias. O acaso ¿qué han hecho por la salud, el bienestar básico de los ciudadanos?

Lo más difícil de estar en oposición es que se hace solo, la mayoría se pone precio. Así fue como
diputado en la Asamblea y en tres periodos como Concejal, con satisfacciones enormes:
nuestra oposición al proceso de transformación de las antiguas Empresas Públicas de Pereira,
manejada por y para nosotros, hoy todas privatizadas y con tarifas onerosas que tienen a la mayoría
de hogares obligados a destinar cada vez más dinero al pago de los servicios públicos, privándose de
una mejor calidad de vida. Porque la oposición es minoría no se logró atajar la privatización de los
servicios públicos y hoy el tiempo me da la razón. Solo me queda la satisfacción de haber dado mi
mejor esfuerzo y agradecerle al apoyo de tantos amigos que siempre me respaldan.

En la segunda oportunidad como Concejal me opuse, entre muchas decisiones nefastas, a la
restructuración tarifaria del Alumbrado Público que condujo a una privatización mediante una
concesión irregular e ilegal que se dio desde el propio Concejo Municipal en 1998 y que después de
una larga lucha por fin el Consejo de Estado me dio la razón en 2014. Un gravísimo hecho de
corrupción que nos impuso a los ciudadanos una tarifa calculada con 44 mil lámparas, cuando el
inventario real era de solo 22 mil. Hoy el concesionario es una empresa millonaria y el alumbrado de
la ciudad quedó obsoleto. ¡Así saquean la ciudad! Aun así el actual alcalde pretende incrementar la
tarifa y entregarle el servicio nuevamente a un privado mediante la figura de una sociedad de
economía mixta.

Sin ser Concejal salí con un nutrido grupo de ciudadanos para oponernos al cobro de 87.241 millones
de pesos a 75 mil propietarios para justificar unas obras por valorización. Con valor civil y notificación en mano iniciamos el reclamo y la movilización frente al Coliseo Mayor hasta derrotar la imposición arbitraria del Alcalde de entonces. Los contribuyentes no pagaron la onerosa contribución.

Los partidos tradicionales se valen del poder para señalar a la oposición como el palo en la rueda,
pero el descenso de la confianza en la política es precisamente por la forma en que la ejercen. Porque
no honran el bueno gobierno.

Estos han sido verdaderos compromisos con los ciudadanos, cumplidos en la medida en que hay
unión. Así es mi compromiso para gobernar, con experiencia, y los que me conocen saben que mi
mayor ambición es tener el honor de servir y la satisfacción del deber cumplido.

La gran manipulación de la opinión pública

Los colombianos hemos permitido que los dueños del poder nos impongan para la discusión de la
agenda pública temas que nada contribuyen a la solución de nuestros graves problemas. Nos hacen
creer que la suerte del exministro Andrés Felipe Arias es una prioridad mientras que la economía de
la región llanera se hunde en la quiebra porque a la concesionaria de la vía solo le interesa
enriquecerse con un peaje costoso desde 1994.

La doble instancia que busca un sector del poder para beneficiar a la persona de Arias tiene más
despliegue en los medios que el grave problema del sistema de salud, que ni sana ni previene, sino
que por el contrario es un negocio de monopolios que dejan morir a los pacientes dentro y fuera de
los establecimientos de salud. Tampoco ha tenido tanto interés en la opinión pública el desfalco de
Electricaribe, sobre lo cual no hay una respuesta efectiva hasta el momento.

Estos y todos los demás problemas reales de la sociedad sin respuesta desdibujan la administración
pública y a nivel local no hay diferencia: la Alcaldía de Gallo construyó una imagen positiva ante un
sector de la ciudad del mismo modo, evadiendo los problemas reales y presentando retoques
superficiales.

El éxito de la Administración de la Capital del Eje consiste en su experticia en el marketing digital y el manejo de medios, pero con costos muy altos para nuestras arcas públicas: 3893 millones de pesos
en 2018 y 4786 millones de pesos a junio de este año gastados bajo el rubro “Gestión de la
información para todos”.

Para comprender la consideración que el Alcalde siente por sus votantes, comparemos que para
atender los programas “Niños, niñas jóvenes y adolescentes con derechos” solo destinó 1783
millones de pesos, es decir que por cada 3 pesos de publicidad solo destinó 1 peso para la niñez, solo
por mencionar un rubro.

Con todo ese dinero gastado en la autopromoción del futuro político del actual alcalde, los pereiranos
hubiéramos podido tener dos colegios y un jardín infantil o hubiéramos construido ya el alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales para el sector de La Florida, La Bananera y San José, sectores cuyas cargas están contaminando las aguas que surten el acueducto de la ciudad y que hoy nos tienen en alerta por Hepatitis A.

¿Acaso esa costosísima “Gestión de la información para todos” nos ha dicho cuál será el destino de
los colegios que hoy se derrumban por mal estado o nos ha presentado un plan para potabilizar el
agua que nos llega a la casa de los que habitamos la Perla del Otún?

Tal como sucede a nivel nacional, la Administración Municipal nos hace creer que sus negocios con
grandes contratistas son la panacea mientras nos mandan a hervir el agua que nos suministra una
empresa que nos hizo creer que la podíamos consumir directamente de la llave y tratan de
deslegitimar la gravísima situación sanitaria como si se tratara de una estrategia de la oposición, sin
tener en cuenta que la advertencia la hizo la propia CARDER, la Contraloría General de la República y el mismo Instituto Nacional de Salud que, de 7 muestras enviadas, halló 4 con resultado positivo de
Hepatitis A.

Invito a los ciudadanos de Pereira a construir una verdadera democracia que nos brinde información
trasparente, que le consulte a la ciudadana sus prioridades para la destinación de los gastos. Estoy seguro de que entre conciertos y agua potable, las familias pereiranas optarán por lo segundo. En
conclusión, tenemos agua de muy mala calidad, pero muy buena la imagen del Alcalde.

$3 mil millones embolatados

Como en casa de apuestas o en el juego de Monopoly, UNE EPM le retuvo al Municipio de Pereira
nada menos que 3 mil millones de pesos por una deuda. ¡Así como lo escuchan! Ahora, ¿qué hace
el Municipio debiendo facturas y UNE EPM dejando engordar una deuda?, ¿por qué a los usuarios
del común sí les advierten y hasta les cortan el servicio y eso que la factura es muchísimo menor?
Hace 6 años, en julio de 2013, la administración del alcalde del partido de La U, Enrique Vásquez
Zuleta, le vendió a UNE EPM las últimas acciones que el Municipio tenía de la Telefónica de Pereira
por 64 mil 250 millones de pesos, sin que los concejales vigilaran y sin que los ciudadanos
supieran.

De todo ese dinero, fueron consignados a una cuenta en el Helm Bank, 61 mil 250 millones de
pesos, excepto los 3 mil restantes de la venta de activos que quedaron retenidos, pese a que no
estaban pignorados.

3 mil de 61 mil, suena poco, pero es mucho, ¡solo imaginen qué colegios podríamos habilitar con
esos recursos!, pero no, los estudiantes de la Institución Educativa de Kennedy iniciaron su regreso
a clases con una huelga frente a la Alcaldía ante el incumplimiento de las promesas de habilitar sus
instalaciones.

Qué ironía que esta transacción haya sido barajada por Javier Monsalve, entonces gerente del INFI
y bajo la revisión jurídica de Gabriel Vallejo Chujfi, el célebre representante a la Cámara que
confundió la Ley Anticorrupción con una sobre la Panela. ¡Qué podría esperarse del destino de
esos 3 mil millones de pesos de nuestro patrimonio!

Tan grave como esto es la falta de transparencia de la actual Alcaldía de Juan Pablo Gallo, al que le
pregunté sobre el tema el pasado 6 de mayo, mediante un derecho de petición y hasta el sol de
hoy no he tenido ninguna respuesta. ¿Si eso le sucede a alguien en calidad de Concejal qué puede
esperar un ciudadano sin recomendación política?

El embolate de esos 3 mil millones de pesos es una muestra evidente de que a los gobernantes
poco o nada les interesa el patrimonio pereirano, y les parecerá tan ínfima esta cifra como el
bienestar de los estudiantes al lado de los negocios que hacen con sus financiadores de campaña.

Ciudadanos de Pereira, en la ciudad sí hay dinero, lo que no hay es dolientes. Tenemos que
recapacitar, recobrar el amor por la ciudad y elegir gobernantes idóneos, inteligentes, capaces,
pero sobre todo éticos y transparentes, que les duela el patrimonio y sean capaces de defenderlo.

Somos los ciudadanos los que tenemos que vigilar y exigir porque los concejales le cedieron sus
poderes al Alcalde, quien, como si fuera poco, ya se tomó por completo el control de la
Contraloría, sacando a los últimos funcionarios que dejó el titular de ese despacho, Alberto Arias
Dávila, en medio de las dificultades de salud que atraviesa.

La Alcaldía de Pereira reconoció el brote epidemiológico de Hepatitis A solo por presión del Ministerio de Salud

Los habitantes de Pereira estamos consumiendo agua con alto contenido de materia fecal desde hace bastante tiempo, situación que nos tiene ante una alerta epidemiológica de Hepatitis A, que tuvo que reconocer la Alcaldía Municipal apenas por estos días, solo ante la intervención del Ministerio de Salud.
La hepatitis A es una "infección viral en población infantil frecuentemente subclínica, la cual causa una elevada morbilidad en la población adulta y ocasionalmente puede llegar a tener consecuencias graves, como insuficiencia hepática aguda de evolución fatal. Su relación con las condiciones higiénico – sanitarias, convierte a este evento en un importante indicador de mejoramiento de la calidad de vida y de desarrollo".
El grave problema de muchos años atrás y solo fue reconocido oficialmente el pasado año como resultado de las denuncias sobre el estado de abandono y ausencia de control de la cuenca del río Otún por parte de la CARDER y que obligó a expedir la Resolución 2040 de octubre de 2018 por la cual se suspendieron los otorgamientos de los permisos de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas entre otras disposiciones, situación que puse en conocimiento de la Contraloría General de la Nación entidad que dispuso una visita y confirmó la grave situación.
El informe reveló que los límites de coliformes totales y E. Coli se encuentran por fuera de los parámetros en la bocatoma sin que la empresa y la alcaldía haya tomado alguna determinación urgente y efectiva por el bien de la ciudadanía, por el contrario las autoridades locales responsables de la salud de los pereiranos se limitaron a responsabilizar a la comunidad del uso adecuado que le den al suministro de agua al interior de los hogares y de la verificación de la calidad de los acueductos rurales, pese a la alerta epidemiológica y los hallazgos de la Contraloría sobre la evidente desarmonización de los instrumentos de planeación como el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Otún y los POT, todo esto con el fin de lavarse las manos ante la obligación que le atañe a Aguas y Aguas y específicamente al Alcalde de Pereira.
Es una desfachatez que la Secretaría de Salud pretenda desviar la atención del abandono en que se tiene a las cuencas alta, media y baja del río Otún e insista en los “estándares excelentes” y asimismo pretenda minimizar la grave problemática remitiendo a la población a mejorar los estilos de vida saludables, a comprar agua embotellada y en último caso a acudir al médico ante la presencia de síntomas paliativo a sabiendas de la ineficiencia de las Entidades Prestadoras de Salud y las aseguradoras que también están en función de los negocios de la politiquería.
Es importante anotar que esta problemática tendrá solución cuando se construyan las plantas de tratamiento de aguas residuales y se doten de planes maestros de acueducto y alcantarillado en los centros poblados concentrados y semidispersos de La Florida, La Bananera, San José y El Porvenir, para garantizar la calidad del agua del río para uso humano y doméstico.  La presencia de coliformes totales y fecales está por encima del 100% de lo permitido y en La Bananera se puede afirmar que el vertimiento de materias fecales al río es directo y sin ningún tratamiento.
Esta grave situación confirma que en Aguas y Aguas priman los intereses de la politiquería y no el de velar por ofrecer agua con estándares de calidad reales y el recaudo de las facturas que todos pagamos a tiempo se destina a mantener la corrupción que se apoderó de la empresa ante la ausencia de control y vigilancia por parte del Alcalde, y de las entidades competentes ¡La corrupción literalmente nos está matando!
Se hace necesario comprometernos en trabajar para cambiar esta situación tan delicada que pone en riesgo la vida de los habitantes de Pereira con un control efectivo, con el manejo transparente de los recursos y alta calidad en la gestión para la dotación de agua potable y saneamiento básico bajo las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, pero para ello necesitamos de la participación y respaldo de todos los ciudadanos; de lo contrario nuestro servicio de acueducto será inviable y terminará, como los demás servicios públicos, en manos de negociantes privados.

Esta es mi última semana en el Concejo de Pereira.

¿Si me preguntan cuál es el balance en pocas palabras? Una total impotencia frente a las mayorías
aplastantes que se eligen con promesas falsas y se entregan a la administración de turno para
sacar provecho del erario, pero que en nada contribuyen a la construcción de la ciudad.
 
En tres periodos que he podido estar en el Concejo Municipal he podido constatar que es
imposible mejorar si no se cuenta con una mayoría de concejales que en realidad representen los
intereses de los ciudadanos y no su propio provecho.
 
Sin importar si llevan 20 años o son caras nuevas y jóvenes, las personas que llegan al Concejo no
controlan, ni vigilan, ni controvierten las malas decisiones o ineficiencia de los secretarios de
Despacho, al contrario se limitan a contemplar las presentaciones donde muestran cifras que
disfrazan la cruda realidad de la ciudad en beneficio de la imagen de la administración.
 
De haber elegido como concejales a personas íntegras y éticas hoy no tendría la ciudad más de 7
mil viviendas en riesgo y las muertes que han provocado estas irresponsabilidades como la
tragedia reciente ocurrida al lado de la pista del aeropuerto, muy seguramente tendríamos un
puente peatonal en el sector del Tigre, en la vía a Cerritos, que hubiera evitado la enorme cantidad
de muertes de peatones, especialmente, que se han presentado allí en terribles accidentes de
tránsito y por supuesto no estaríamos pagando mes a mes facturas de servicios públicos tan
costosas si los anteriores concejales hubieran impedido la privatización de nuestras empresas.
 
Por lo general las personas que compran conciencias y negocian votos valiéndose de las
necesidades de los ciudadanos no les interesa la suerte de sus electores ni del patrimonio público,
tampoco endeudar a la ciudad ni entregarla a capitales privados porque solo van detrás del lucro
personal, en esos negocios no les queda tiempo de pensar en las personas en situación de
vulnerabilidad, mucho menos para investigar cómo opera la Empresa de Energía con nuestro
recurso hídrico sin pagar un solo peso mientras que sí nos cobra con el precio del mercado.
 
¿Cómo es posible que el Concejo haya permitido que los costos del colector Egoyá haya sido
cargado al bolsillo de todos los ciudadanos a sabiendas de que desde 1998 fue asumido como una
responsabilidad exclusiva del municipio como obra de renovación urbana y yo sea el único que
haya denunciado esta injusticia?
 
Es necesario derrotar la idea de que el alcalde es una estrella a la que le debemos rendir pleitesía y
agradecer cualquier gesto de voluntad y comenzarlo a ver como el administrador de nuestros
bienes, con enormes responsabilidades que deben manejarse con total transparencia y no a
puerta cerrada, al que se le debe exigir que cumpla con sus deberes y al que hay que vigilar para
que no tome nada de lo que nos pertenece.
 
Entrego la curul del Polo con la frente en alto, con una lucha constante por la defensa de los
ciudadanos, con la denuncia de los hechos de corrupción que nos afectan a todos, con la
transparencia de mis actuaciones y sin caer en las negociaciones a las que llega buena parte de los
que se hacen llamar servidores públicos, pero que en realidad se sirven de lo público. 

Pero la curul no queda ausente, queda en manos de una persona que seguirá el proceso de vigilancia y defensa de nuestros intereses y que requiere del apoyo de toda la ciudadanía para defender lo poco que nos queda como es el caso de la Empresa Aguas y Aguas, capturada por la politiquería al punto de que sus administradores niegan información que es pública con el fin de tapar el saqueo a la que la
tienen cometida y con un evidente proceso de privatización, tal como ocurrió con las demás:
energía, multiservicios, la telefónica y muy pronto el alumbrado público.
 
Queridos ciudadanos de Pereira debemos votar por personas con verdadera conciencia por el
patrimonio público.

Utilidades de Enerpereria por $11 mil millones, ¡una falacia!

Gran noticia para los ciudadanos de Pereira, la ciudad va a recibir 11 mil millones de pesos como
participación de las ganancias que obtuvo la Empresa de Energía en 2018. Esta información debería
llenarnos de júbilo porque se supone que en algo nos beneficiará, de no ser porque a la vez nos
ocultan que la misma empresa evadió pagar en el año 2018 la no despreciable suma de $4.715
millones de pesos que debió sufragar por 77.9 millones de metros cúbicos de agua cruda captadas en
la bocatoma de San José y conducidas por el canal de Nuevo Libare por Aguas y Aguas, utilizada para generar energía en la central eléctrica de Nuevo Libare.

Es bueno saber que la operación, mantenimiento, reparación y rehabilitación del canal la pagamos en la factura del servicio de acueducto y que al costo que nos cobran por el servicio de energía no le descuestan el valor del agua. Esto viene sucediendo desde que se le vendió el 49% de las acciones de Enerpereira al grupo de los Ríos Velilla y los Nule.

¿Por qué se le regala el agua cruda a la Empresa de Energía de Pereira si la generación eléctrica la
vende a precio del mercado, y a Serviciudad de Dosquebradas sí les cobran a 78,79 pesos el metro
cúbico? ¿Por qué pagamos en la factura de Aguas y Aguas el costo del funcionamiento del Canal de
Nuevo Libare mientras que los socios de Enerpereira se enriquecen?

Pero mientras no se cobra por suministro de agua para generar energía, el Subgerente Técnico de
AGUAS Y AGUAS informó al concejo que el avance del Colector Interceptor de aguas residuales en el río Consota esta en un 98%, mientras tanto la ejecución del interceptor del Otún solo esta hasta la
calle 23 y para culminarlo se requieren 61 mil millones de pesos.

La empresa está hoy convertida en botín de caza de la dupla Merheg - Salazar, a quienes por
compromisos politiqueros para votar por Juan Pablo Gallo a la alcaldía le entregaron esta empresa
como contraprestación del apoyo brindado, lo más seguro es que en muy poco tiempo deberá
aumentarse el valor de la tarifa de vertimiento de alcantarillado. La empresa viene siendo arrasada
por estos politiqueros con la anuencia y tolerancia del alcalde y su junta directiva.

La Alcaldía muestra el colector Egoyá como una gran obra, incluida la repavimentación de la carrera
12, pero no cuenta qué la empresa en 1998 transfirió bienes adquiridos alrededor de este colector
desde la calle 14 hasta la 22 para que el municipio asumiera la responsabilidad de ejecutar las obras
de rehabilitación de este canal, por la incapacidad de la empresa para financiar su costo y teniendo en
cuenta que estas obras son de renovación urbana. Obras que debieron correr por cuenta del
Municipio y los predios beneficiados y no con cobro a las facturas de alcantarillado de todos los
ciudadanos de Pereira.

La administración del cambio, de la capital del eje, muestra eficiencia fiscal por el aumento de los
recaudos de impuestos como el predial e industria y comercio, no obstante que solo el 60% de la
facturación del predial se recauda, mientras tanto más de 179.0000 millones de pesos permanecen
guardados en los bancos, mientras muchos sectores sociales están sin la debida atención de sus
necesidades, para la muestra el abandono en la atención de las zonas de riesgo.

Nuestro compromiso es cero corrupción, y que los que hoy administran y se lucran de la operación de
nuestras empresas de servicios cancelen sus obligaciones, estos recursos los requerimos para obras
prioritarias de nuestros sistemas, no aumentando el costo de los servicios.

Portal de la Villa, una tragedia anunciada

Asistimos a un desastre anunciado: cuatro personas perecieron en el hecho que ocurrió en el
Portal de La Villa, donde hubo un desprendimiento de un talud anunciado desde hace 10 años por
parte de un funcionario de la oficina de Atención y Prevención de Desastres, que en su momento
radicó un informe advirtiendo a los constructores sobre el alto riesgo de ese talud conformado con
llenos y urgiendo sobre la necesidad de hacer obras de confinamiento, a la vista está que esas
obras jamás se hicieron.
 
Lo más grave es que hace cuatro años se elaboró otro documento llamando la atención sobre el
mismo tema preventivo y hace tan solo unos días se insistió en las alertas por parte de los
propietarios y habitantes de ese conjunto residencial, sin que la DIGER monitoreara el
comportamiento del talud para su análisis y evaluación del riesgo, para haber tomado las medidas
de intervención correctiva, y haber evitado la tragedia con una adecuada gestión del riesgo.
 
Este hecho dejó hasta el momento cuatro personas muertas, otras muchas van a perder su
patrimonio, el esfuerzo de años de trabajo pues al menos dos manzanas de esa urbanización
tendrán que ser evacuadas, ¿quién responde? Nadie, porque al final todos eluden la
responsabilidad política, pero ojalá funcione la responsabilidad fiscal, la penal y la disciplinaria,
que es a la que ahora se debe recurrir.
 
Al inicio de esta semana, en el Concejo Municipal, recordé el desastre presentado hace un año en
un talud ubicado en la calle 38 con carrera 5ª, donde se viene adelantando una construcción con
licencia de construcción que no cumple los requisitos de ley, sin que hasta la fecha se haya
ejecutado intervención alguna que permita reducir la amenaza, que hoy persiste y de manera
grave sobre los habitantes ubicados en la zona a lo largo de la Avenida del Río, pues la DIGEP no
tiene la capacidad operativa ni los funcionarios idóneos para tal fin. Esa oficina está a cargo de un
funcionario, buena persona, un joven correcto, pero sin ningún tipo de experiencia y hoy pagamos
las consecuencias.
 
Estos hechos demuestran que no tenemos una dependencia de control físico a la altura de
nuestras obligaciones y mucho menos una cultura del gestión del riesgo como lo establece la Ley
1523 de 2012 por la cual se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, capaz de enfrentar la importante tarea de
una intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase:
mitigación del riesgo y a evitar nuevos riesgos en nuestro territorio.
 
La ausencia de políticas de gestión del riesgo, de oficinas con personal idóneo y con alta
experiencia es uno de los más graves inconvenientes en la función pública que he notado como
concejal: la ausencia total de control político, los concejales nunca piden cuentas, ni cuestionan,
simplemente se dedican a escuchar a los funcionarios y a aplaudir su gestión, y los organismos
creados por la Constitución para ejercer una adecuada vigilancia han sido capturados por la misma
clase política.
 
Según el artículo 14 de la mencionada Ley 1523 son los alcaldes como jefes de la administración
local quienes representan al Sistema Nacional en el municipio, y como conductor del desarrollo
local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
municipio incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres.

Hay que cambiar, pero hay que cambiar de verdad, para mejorar el sistema de escogencia de
funcionarios, poniendo el servicio público al servicio de los ciudadanos y no de la politiquería
tradicional que sigue gobernando, y causando desastres y mayor atraso.

Debemos derrotar la indolencia

Otra persona pierde la vida en un accidente en el sector del Tigre el día anterior, otro evento de
tránsito fatal, la tragedia para una familia, para otros una cifra estadística, una noticia más del día y
un hecho desconocido o nada para muchos otros interesados más en la suerte de Santrich.

Una indolencia producto de la indiferencia de los responsables de garantizar la vida de personas, por
lo general trabajadores, que se juegan la vida al intentar cruzar esa carretera de tráfico veloz, con
mayor peligro al anochecer. Las estadísticas muestran 17 personas muertas en 2017 y 20 en 2018, la
mayoría motociclistas y peatones. Entre enero y mayo de lo corrido del año en Pereira se han
presentado 31 muertes en accidentes de tránsito, de los cuales 15 son peatones.

A nadie parece interesarle buscar una solución para evitar tantas muertes que han ocurrido en
muchos sitios identificados de nuestra ciudad y en particular a lo largo de esa vía durante tantos años,
y especialmente en ese punto tan transitado de El Tigre, sin obras que garanticen la vida, a eso
súmele la ausencia de alumbrado público lo que imposibilita que entrada la noche los conductores
vean a los peatones que cruzan esta transitada vía.

Indolencia de parte de los que de alguna manera deben garantizar el bienestar de sus familias, su
agenda pública les impide analizar en cómo les puede afectar que vivan en la ciudad donde la pobreza
aumentó más, según el DANE.

Indolencia de una sociedad que permite que los ancianos mueran en sus calles, a la espera de
atención médica y social, que haya un número significativo de estudiantes perdiendo dos días de
clase a la semana por el cierre parcial o total de sus planteles educativos por mal estado, que
aumenten los espacios de inseguridad y consumo de sustancias.

Indolencia de los que habitan en los sectores beneficiados con remodelaciones o culminaciones de
obras de concreto y embellecimiento del centro, pero que jamás dan un paseo por cualquiera de los
barrios asentados a orillas del río Otún, como El Triunfo, o del Cauca como Caimalito, o La Vieja como Puerto Caldas. Sí, Pereira es grande y hermosa, pero en sus entrañas hay una desigualdad enorme.

Indolencia de los que aplauden la construcción de un cable aéreo que costará decena de miles de
millones de pesos y que no tiene cierre financiero, que hubieran alcanzado y sobrado para las vías y
mejoramiento integral de esos barrios a los que supuestamente beneficiará, relegados en el extremo
oriental de la ciudad: Villasantana, Las Brisas, Tokio y El Remanso.

Cada persona en Pereira debe revisar el tema de la indolencia que siente ante los temas de la ciudad,
es necesario que pensemos como sociedad y exijamos por el bienestar de todos. Ayer murió una
persona que quizá no conocemos, cuya muerte pudo ser evitada si entre Ministerio del Transporte,
municipio y concesionario de la vía en todos estos años de cobrar un costoso peaje y llenar sus
bolsillos se hubieran diseñado y construido puentes peatonales en los sitios de mayor cruce peatonal
pues nada nos garantiza que mañana pueda ser cualquiera de nosotros.

Tenemos la obligación de exigirle a la Administración Municipal y esta a su vez de dar soluciones
porque para eso se le otorga la responsabilidad de dirigir nuestro destino y manejar los recursos
públicos y si es necesario recordar que pagamos impuestos para tener vida digna y que nuestra
indiferencia da espacio para se hagan negocios particulares con los recursos de la ciudad.

miércoles, 29 de mayo de 2019

Silencio en Alcaldía sobre sociedad de economía mixta para el usufructo del alumbrado público de Pereira.


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

En aras de la transparencia y de la defensa del patrimonio público la ciudadanía de Pereira debió ser informada a través de una de las famosas selfies o vídeos del mandatario de la Capital del Eje, del “nuevo y moderno” servicio de alumbrado que tendremos que pagar, a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo que será puesto a consideración del Concejo para este fin.

Siguiendo el camino de la privatización de los servicios a cargo del estado, la Alcaldía de Pereira piensa entregar por tiempo indefinido la prestación del servicio de alumbrado público a privados, a través de una sociedad de Economía Mixta, con las mismas secuelas de los demás servicios privatizados, altas tarifas y abuso para los usuarios, y extraordinarias ganancias para los socios del Alcalde.

Para echar a andar su privatización, el año pasado la Alcaldía contrató una “Consultoría para el estudio técnico, jurídico, regulatorio y financiero de la modernización y prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Pereira”, con la firma Pravne Consulting Group, cuyo representante legal es Armando Gutiérrez Castro, por 1.287 millones de pesos.

Dicho estudio concluye la necesidad de modernizar el sistema a la vanguardia de la transformación digital, como asunto prioritario porque se trata de una necesidad básica de los habitantes y recomienda que, para no comprometer la capacidad de endeudamiento, “la opción más favorable es permitir la participación del capital privado que redunde en una mejora (…) de a mano en la operación con la participación mancomunada de la administración pública. (…) optar por una empresa de capital mixto, con el concurso de un socio estratégico, permitiría a la Administración Municipal de Pereira ejercer un mayor control y de esta forma beneficiar a la comunidad.”

Ya ocurrió en Barranquilla, según lo denunció en su cuenta de Twitter el analista Aurelio Suárez Montoya: “En lo de “economía mixta” el más activo es William Vélez que la usa para tomarse alumbrados de Colombia. Con “estudios” de un ex empleado replica la jugosa experiencia en Barranquilla, Villavicencio y ahora Pereira, que se sepa.” El exempleado es armando Gutierrez Castro es el mismo de Pereira.

Por fortuna, la intervención oportuna de varios líderes y la movilización de la ciudadanía en Villavicencio lograron que el Alcalde frenara el proceso. Efectivamente a ese monopolio de William Vélez pertenecerá dentro de muy poco nuestro sistema de alumbrado público si no protestamos para que nos permitan seguir siendo dueños de lo poco público que nos queda, por cierto, un sistema reventado, obsoleto, sin ningún tipo de inversión por parte de la Empresa Enelar, propiedad de Alberto Ríos Velilla cabeza de los socios que poseen el 49% de la empresa Energía de Pereira, quien tuvo por 15 años su concesión, al que le sacaron el máximo provecho y donde jamás invirtieron en modernización, repotenciación y expansión.

Este espurio contrato de concesión fue terminado en el año 2014 como consecuencia del fallo del Consejo de Estado que ordenó su liquidación, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 125 de 1998, acto administrativo que autorizó la operación del sistema mediante la figura de la concesión. Todo esto sumado a la apatía total de los alcaldes posteriores: Martha Elena Bedoya y Juan Manuel Arango que se negaron a declarar la nulidad del contrato por la derogatoria del Acuerdo 125. Calza muy bien en este caso la célebre sentencia: “¡La Justicia cojea, pero llega!”

Desde el año 2015 y hasta diciembre de 2018 el servicio de alumbrado fue prestado por la Empresa de Energía de Pereira, mediante la firma de convenios interadministrativos para compra de energía, operación, administración, facturación y cobro, convenios ilegales y además con pésimos resultados. 

Durante lo corrido del 2019 la Secretaria de Infraestructura viene prestando el servicio con idénticos resultados. Mi percepción es que esta situación es preconcebida con el fin de que el sistema colapse y tener la disculpa de entregarlo a la sociedad mixta indicada en los estudios.

Hago un llamado a todos los ciudadanos para que le solicitemos al alcalde Gallo que actúe sin dar la espalda, sin cerrar las puertas de la transparencia y que utilice, aunque sea de salida, una herramienta democrática como la consulta popular para que conozca nuestras opiniones sobre el patrimonio de la ciudad que él prometió que defendería. Es ilegal entregar un impuesto a privados para su beneficio.


jueves, 16 de mayo de 2019

La mentira como engaño al elector


Carlos Alfredo Crosthwaite

Una campaña política se hace con un listado de promesas que al final del mandato terminan siendo cumplidas a medias o incumplidas y olvidadas por parte de los electores. Recordemos la campaña Santos 2010, cuando expresó en debate televisivo: “Habría que ver como aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas, en eso, profesor Mockus, yo le puedo firmar en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera: no voy a subir tarifas”. Y los aplausos retumbaron, incluido el del propio Mockus.

En el 2018 el entonces candidato Iván Duque juró por todos los medios, con argumentos ambientales y técnicos, la improcedencia de implementar el fracking en Colombia y una gran mayoría creyó en su palabra, ahora estamos ad portas de causar los daños ambientales más graves e irreparables mediante este mecanismo.

En Pereira no estamos exentos a la fórmula promesera cual lista de mercado o vademécum con remedio para todos los males, diciéndole a la gente lo que quiere oír, pero sin que obedezca a un plan serio con respuesta real y objetiva a las necesidades de la comunidad.

Hace 4 años el candidato Gallo denunciaba por sus redes sociales y en notas de prensa los atropellos del Sotismo, en cabeza del alcalde Vásquez: Expresaba: “La administración se gasta $37 mil millones al año en contratos de prestación de servicios, muchos de ellos son contratos basura; son contratistas que no realizan una tarea importante para la Administración, que están allí presentando unos informes, eso sí con una responsabilidad en términos electorales de poner una cantidad de votos a determinados candidatos: mal por Pereira, no debería ser así”.

En lo que Gallo tenía razón es que efectivamente son contratos basura porque hoy, al término de su mandato, no solo ejerce la misma práctica perversa, sino que la superó con creces, pues de esos $37 mil millones que le criticó a Vásquez pasó a $77 mil millones en 2016, $93 mil millones en 2017 y $81 mil millones en 2018.

Los contratos basura se han disparado en esta capital, que el atropello hacia los contratistas, hombres y mujeres continúa y se encrudece. Por mi oficina en el Concejo Municipal pasan continuamente, personas con necesidad de trabajar en busca de una recomendación exigida por el asesor privado del Alcalde, Ruano, para poder acceder a un contrato en la alcaldía, porque esa es la Ley que se impuso en la administración pública.

Se trata de un requisito corrupto que somete al contratista a buscar votos y al concejal a renunciar al principal deber para el que fue elegido: el control político.
Lamentablemente en Colombia se instauró la política de que todo se cobra y de que en todos los actos públicos hay coima y por lo tanto hay corrupción. Ha llegado a tal punto este requisito que hasta el propio Jefe del organismo de control local exige concejal para otorgar un contrato de prestación de servicios.

Nuestra tarea es romper este vicio. Recordemos que la Corte Constitucional determinó que los contratos basura, tanto en el sector público como en el privado, violentan los derechos laborales, significan un retroceso enorme en las conquistas de los trabajadores y un atraso profundo para nuestra sociedad.

Debemos volver a ejercer la selección objetiva, cumplir con las reglas de transparencia e igualdad, con contratos de prestación por toda la vigencia para objetos específicos y por nómina para los cargos con funciones públicas.

La Alcaldía de Pereira necesita deshacerse de las trampas, de las mentiras y de la avaricia de las mafias que se alían para tomarse el poder, solo así habrá lugar para un ejercicio político serio, responsable y transparente, no como promesa electoral sino como el cumplimiento de una norma de carácter legal y constitucional.

Una alcaldía al rescate del derecho a una educación de calidad


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Cada año la revista DINERO difunde un escalafón de las pruebas SABER 11 con base al ICFES de los colegios privados y oficiales del país de los calendarios A, B y semestralizados, donde saca un promedio de los resultados agregados en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. En el 2018 de los 12.701 colegios evaluados el primer colegio oficial de la ciudad es el San Vicente Hogar en el puesto 1110, con un promedio de 60 sobre 100, mientras el primer privado es el Liceo Pino Verde en el puesto 64 con un promedio de 72.46 sobre 100.   

Estamos ante el grave hecho de que la calidad de la educación que reciben nuestros hijos está relacionada con el costo de la matrícula. Pero no tiene por qué ser así. Hasta finales de los años 90 los colegios públicos competían en calidad con los privados, lamentablemente el modelo de privatización en el gobierno de Gaviria, y la exacerbada corrupción han deteriorado la calidad de la instrucción pública y de la infraestructura misma.
Es así que la ciudad afronta una crisis en esta materia, como en casi todos sus indicadores sociales.

Como lo he venido advirtiendo, varios planteles han sido cerrados total o parcialmente y otros, como el Instituto Kennedy se vieron obligados a implantar una especie de pico y placa para turnar las aulas entre sus 1450 estudiantes por días, dejando a los menores sin educación los martes y viernes y los de bachillerato los jueves, exponiendo a los niños a los peligros de la calle, del atropello de los adultos malintencionados y de la delincuencia, a engrosar ese alarmante segundo lugar en consumo de sustancias psicoativas y todo tipo de incumplimiento a las obligaciones constitucionales de los derechos de la niñez.

En visita realizada a las instalaciones del colegio Gabriel Trujillo de Caimalito pude constatar que los niños corren un peligro inminente ante la amenaza de colapso sobre las aulas de un enorme árbol, una viga en voladizo se sostiene de una guadua y la orden de desalojo de la estructura donde funciona la biblioteca. Advertencia que surge de una consultoría adelantada el año pasado, por insistencia de este servidor, a cargo de una firma consultora en los planteles de las I.E. Ernesto Zuluaga, Gabriel Trujillo, Hernando Vélez Marulanda, Luis Carlos González, Pablo Emilio Cardona, Rafael Uribe Uribe sede la Victoria, sobre la vulnerabilidad y reforzamiento estructural para las edificaciones con prioridad de intervención a corto plazo y reportadas por la DIGER. A estos planteles se adicionaron la Carlota Sánchez sede 3, Instituto Kennedy, Alfredo García y Gimnasio Risaralda. De las 11 edificaciones analizadas a 5 se les dio la orden de cierre total o parcial, o sea el 45%. ¿Cómo estarán los demás inmuebles educativos? ¿Qué hallaremos si examinamos las restantes?

Esta grave situación es producto del incumplimiento del municipio de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes, en relación con la evaluación de las edificaciones indispensables, como los centros educativos, donde se dio un plazo de 3 años para evaluar su vulnerabilidad sísmica, y un lapso no mayor a 6 años para intervenir y reforzar estas para llevarlas a un nivel de seguridad equivalente a una edificación nueva. La norma se incumplió y ninguna autoridad ha tomado la decisión de investigar a los alcaldes que infringieron esta disposición.

Causa risa la disposición contenida en el Plan de Desarrollo de involucrar en la educación la inmersión en una segunda lengua y el contraste que se da con la ausencia de las condiciones mínimas para una educación de calidad, donde los niños asisten a planteles en riesgo de colapso en una zona altamente sísmica, con una pésima arquitectura, sin espacios adecuados para deporte y cultura, falta de transporte y con baja cobertura al plan de alimentación escolar porque el dinero de nuestros impuestos se destina a obras no prioritarias en zonas de estrato alto o en proyectos inviables como el parque Ukumari o el proyecto del cable aéreo. Estamos comprometidos en ejercer una alcaldía que rescate el derecho a una educación de calidad, como el principal elemento para derrotar el atraso y la pobreza.


Décadas de ineficacia en el cobro del impuesto predial


Desde 1995 se repite el mismo modelo de tributación inequitativo y perverso, con el que se pierde más del 40% del recaudo.

Pereira, abril de 2019.
Según la Secretaría de Hacienda el recaudo real del Impuesto Predial en 2018 fue de $80.029.386.414 de un potencial de $97.777.227.275 y una cartera de $17.747.840.861, cifras que son totalmente maquilladas.

Si bien ese despacho sostiene que el 82% de los propietarios identificados en el catastro están al día, las cifras demuestran que el recaudo solo alcanza el 56,5%, el resto se pierde en una cartera creciente año tras año, sin distingo de estrato.
Las cifras reales son las siguientes: el recaudo efectivo fue de $94.669.460.940 de vigencias actuales, de un potencial de $127.617.272.442 y la cartera de $254.781.449.224. Lo demás corresponde a vigencias anteriores: $21.143.807.505 y de intereses la suma de $11.804.003.996. Resaltando que estos últimos son los más altos del país.

Es decir que para el 2018 el Municipio debió recaudar $168.527 millones, sin contar la cartera, por lo que se dejó de recaudar $73.858 millones, cifra que podría variar porque no se conoce el monto que se sacrificó para promocionar el pronto pago.
En el informe de la Secretaría de Hacienda no especifica dichos descuentos, ni el 15% que se traslada a la Cárder. Esa cartera que persiste desde hace 26 años es muestra fehaciente de la ineficacia del modelo.



En un ejercicio hipotético, en el que el Municipio le cobrara a todos los estratos con la base catastral del estrato 3 (del 8x1000), obtendríamos un recaudo más eficiente, todos los contribuyentes se pondrían al día, pero con el modelo que han aplicado históricamente en el que solo se le aumenta la base catastral a los ciudadanos más puntuales, el efecto en el recaudo es contraproducente.
Lo anterior indica porqué el impuesto de Industria y Comercio resulta más eficiente porque presiona a los contribuyentes sin sentido, de manera injusta, ya que este se debe al esfuerzo de los emprendedores, al fruto del trabajo que, según las propias estadísticas, el 60% de los negocios claudican porque no resisten dicha carga tributaria, mientras con el modelo del Impuesto Predial solo se benefician los que usufructúan la tierra, los que se dedican a la especulación inmobiliaria, los que demandan el POT para su propio beneficio.
En Pereira existen predios sin actualización catastral desde hace más de 10 años: en Villaverde, por ejemplo, aún no llegan los recibos de predial; en Maracay (Cerritos) pagan como si aún fuera un lote sin construcción y en ese mismo sector varios dirigentes, políticos y “ciudadanos prestantes” tienen casas de miles de millones de pesos y que se libran del pago del Predial porque se valen de sus influencias para omitirlo.
Por un lado, el informe oficial presenta la cifra de apenas 64 predios nuevos ingresados al catastro durante el último año, pero por el otro la Empresa de Aseo aumentó sus usuarios en 16 mil, que en su mayoría demandan subsidios y contribuciones altísimas. Esto significa que los privados, con su posición dominante y anuencia del Gobierno Municipal, abusan de los contribuyentes y con cobros altísimos e inequitativos les extraen el dinero que podrían destinar para el pago del predial.
El modelo de recaudo del Predial es perverso porque no se toman en cuenta los principios tributarios: progresividad y real capacidad de pago, no es progresivo porque las carteras de los estratos bajos aumentan al mismo ritmo de las de los altos y entre más aumentan las tasas más contribuyentes dejan de pagar. En el estrato 5, por ejemplo, vemos como sube de $6.025.512,5 a la alarmante cifra de $10.581.710, el comportamiento de los contribuyentes no mejora por falta de medidas efectivas. En los lotes (estrato 7) es donde se presenta la peor especulación urbana que, como se aprecia en la siguiente gráfica, se multiplicó en 120% en el último año.


Politiquería y corrupción
Si bien la Secretaria de Hacienda afirma que se requeriría personal especializado para hacer efectiva la cartera, a simple vista se aprecia el exceso de contratistas atiborrados en la Alcaldía Municipal sin más oficio que contribuir a la politiquería. Ahora, la oficina de catastro sale de una ineficiencia de décadas, en la oficina de la Calle 19 con 10ª, para engrosar la burocracia del Área Metropolitana. ¡Los mismos con las mismas! La pregunta es: ¿eso la hará eficiente?


¿Dónde está cartera?, es la pregunta que le hago a los organismos de control con un acervo probatorio de lo anterior, pues es mucho mayor al que presenta el informe oficial. Se rumora en los corrillos de la Administración sobre malos manejos, llamadas telefónicas con ofertas de descuento o condona a cambio de una coima; como en casi todo lo público: una fuente de politiquería y corrupción.
El Concejo Municipal me brindó un espacio para exponer este tema utilizando la figura del Estatuto de Oposición, cuando por lógica, es un tema que debería contar con el compromiso de todos para tomar medidas y correctivos, para que la ciudad vaya bien y a todos los ciudadanos nos vaya bien.

lunes, 29 de abril de 2019

Ausencia de una política por la dignidad de los ciudadanos



Niños y niñas inmersos en problemas psicosociales que derivan en el suicidio como ocurrió en el Instituto Técnico Superior, algunos con mejor suerte se ven obligados a permanecer hasta dos semanas en un centro de atención a la espera de intervención especializada, la depresión toca incluso a los trabajadores del sector público, los sectores bajos pagan las consecuencias de una situación social que obliga a la desintegración de las familias, padres que abandonan sus hogares en busca de mejorar sus ingresos en otras latitudes y menores que quedan a merced de terceros, propensos a toda clase de vulneraciones y falencias.

¿Qué pasó con la ciudad de las Puertas Abiertas?

Andenes convertidos en dormitorios de personas que soportan las inclemencias del tiempo y el rechazo de la gente, que duermen y mueren ante la vista indolente de todos, víctimas condenadas de la drogadicción que sobreviven a merced de la buena voluntad de algunos y pese a la ausencia total de autoridad de la administración municipal.

En la ciudad no hay una política social encaminada a poner en práctica proyectos que mitiguen esta situación que se volvió paisaje, que nos afecta a todos, no hay quien reincorpore a estas personas con unos niveles mínimos de asistencia, que le brinde ayuda a nuestros ciudadanos desde su formación básica porque ni siquiera previene la deserción escolar y mucho menos abarca la cobertura de alimentación.

Ni hablar de los servicios de salud porque no hay efectividad por parte del Gobierno, tampoco interés en ayudar a la comunidad, ningún beneficio que supere los contentillos politiqueros en épocas electorales, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos aporta con puntualidad sus contribuciones de Ley para el sostenimiento del aparato estatal.

No menos de cuatro inmuebles que albergan instituciones educativas públicas han sido cerradas en lo corrido del año por amenaza de ruina, no obstante que la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes en su artículo 54 estableció que “a las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizada en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, … en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley”. No obstante estar nuestra ciudad en zona de riesgo sísmico alto esta disposición se incumplió, y por consiguiente nuestros niños corren grave riesgo ante la ocurrencia de un sismo como los ocurridos en 1979, 1995 o 1999. Ahora el turno es para el Instituto Kennedy con 1750 estudiantes. 

Los pereiranos construimos una ciudad con un patrimonio autosostenible, que en un abrir y cerrar de ojos, se fue quedando en manos de unos pocos que disfrutan de enormes sumas de dinero como producto de sus utilidades y a costa de elevados cobros por impuestos y servicios, estamos llenos de servidores públicos como los miembros de la familia Ambuila. No nos damos cuenta, pero ¡nos están explotando!, y ¡no existe política social que dignifique la existencia de muchos ciudadanos!

Todos los que vivimos en Pereira, los que la queremos porque en ella nos realizamos como seres humanos debemos tomar conciencia para frenar la corrupción que es la tranca para el avance de una ciudad emprendedora y pujante como siempre la hemos concebido.

¿Nómina paralela o promoción de candidatura?


La semana pasada la Procuraduría General de la Nación informó sobre la existencia de más de 1100 contratos de prestación de servicios en la Gobernación del Valle, entidad con una planta de empleados de 1019 funcionarios.
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En ese sentido, en Pereira están dadas las condiciones para abrir un proceso bajo la misma lupa ya que durante el año 2018, consultado el SECOP, la Alcaldía de Pereira suscribió 3993 contratos de prestación de servicios mediante contratación directa por un valor de $81.497 millones. En 2017 fueron 3531 contratos por $93.084 millones y en 2016 3328 contratos por $77.049 millones. Para este año, con corte al 19 de abril, los contratos celebrados van en 2637 por valor de $15.243 millones.

Es importante anotar que en esta ciudad los contratos se hacen por un plazo de ejecución no mayor a 3 meses con el fin de garantizar que el contratista renueve su lealtad al concejal o diputado que lo avala, igualmente la nómina del municipio de Pereira está conformada por 48 trabajadores oficiales pertenecientes a la Sinfónica de Pereira, 253 trabajadores oficiales y 498 empleados públicos para un total de 799 empleados. Por lo anterior, el número de contratistas es casi 4 veces mayor a la nómina oficial.

Sin embargo, la situación no para allí por lo que se hace necesario realizar una comparación entre el costo de la nómina del Municipio y el valor de los contratos: en 2016 los gastos de funcionamiento del Municipio ascendieron a $82.784.5 millones mientras en ese mismo año los contratos se dieron por $77.049 millones; para el 2017 los gastos fueron de $99.414.8 millones mientras los contratos celebrados fueron por $93.084 millones y en 2018 los gastos totales de funcionamiento representaron $115.142 millones mientras los contratos ascendieron a $81.497 millones.

Quiere decir que en 2016 el monto de los contratos de prestación de servicios equivalió al 93% de los gastos de funcionamiento, en 2017 al 94% y en 2018 al 70% lo que demuestra el exceso de recursos que mediante la excepción a la norma, como lo es la contratación directa, se hacen a través de este mecanismo generando lo que aparentemente podría ser una nómina paralela.

Es de resaltar que Pereira carece de una política pública al servicio del ciudadano que prevenga situaciones lamentables como los recientes suicidios e intentos en la población escolar, sin psicólogos o psiquiatras a disposición; las calles inundadas de indigentes, niños, personas de la tercera edad que mueren a la vista de todos, sin personal especializado ni albergues para su atención; con los indicadores más altos en el país en el consumo de heroína y sustancias psicoactivas en general, con las instituciones educativas clausuradas por mal estado.

¿Estamos ante una nómina paralela o contratación para promover y financiar candidatura?
No es secreto que aquí se estila el sometimiento de los contratistas a merced de quienes ostentan el poder para que su maquinaria se perpetúe, es imperativo el aval de un concejal, diputado o político para aspirar a un contrato en la administración pública, una “lealtad” que vulnera los derechos de los ciudadanos y promueve la famosa coima en pro de las campañas electorales que perpetúan las maquinarías en el poder con los recursos públicos y el enriquecimiento inescrupuloso con el yugo de la gente.

Cabe decir que ante esta problemática le he solicitado al Procurador General de la Nación que investigue y tome prontas acciones frente a los hechos que desangran los recursos de nuestra ciudad y denigran a los trabajadores y contratistas oficiales.

Los cobros de ATESA por servicios que no presta


Son incontables las quejas del cobro por aseo, barrido y mantenimiento de vías y áreas públicas, sin que el servicio se preste y especialmente en la zona rural de Pereira.
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Foto: El Expreso

Como desde hace años lo ha venido denunciando, el concejal CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE, elevó una solicitud ante las autoridades para revisar el incumplimiento de las normas por parte de ATESA DE OCCIDENTE que, en su posición dominante, continúa abusando de los usuarios con el cobro de servicios no prestados, o la totalidad de ellos cuando solamente hace recolección de basuras.

Como ya ha demostrado el Concejal en anteriores debates, el más reciente el pasado 28 de noviembre en Comisión Segunda, la empresa presenta incongruencias en la estratificación, copiada del catastro de la Empresa de Energía cuya cobertura sí es mayor a la de ATESA y no brinda respuestas efectivas a los ciudadanos sobre la aplicación de la tarifa tal como lo denunció el señor Ricardo Mora en dicha sesión. Del mismo modo se incumple con el propósito del Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso, pues cobra $68 de cada $100 de los aportes que el 98% de los usuarios paga puntualmente con esfuerzo, pero sin retribución alguna, con tarifas cada vez más crecientes.

La Secretaría de Hacienda no se pronuncia, los organismos de control hacen caso omiso y gran parte de la ciudadanía no se queja porque desconoce el funcionamiento y la reglamentación, pero a corto plazo el daño que se hace al desarrollo de la ciudad es gravísimo porque este proceder de ATESA, sumado al reciente desmote de los subsidios de energía, presiona el bolsillo de los pereiranos, afecta la capacidad de pago, disminuye el consumo de servicios y por supuesto se estanca la economía.

viernes, 29 de marzo de 2019

Con la energía privatizada los usuarios necesitan un alcalde que los defienda


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

La defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios es una de las tareas más valiosas que tiene por ejecutar un mandatario. Hasta 1994 la energía eléctrica fue un servicio público esencial a cargo del Estado, pero la Ley 142 estableció que podía ser prestado por agentes privados, junto con los de acueducto, alcantarillado y aseo, y sus marcos regulatorios se diseñaron para garantizar tasa máxima de ganancia a las empresas prestadoras, o sea para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Pese a todas las advertencias y los esfuerzos de la oposición, la clase política ha venido privatizando las empresas prestadoras, y haciéndole creer a los ciudadanos que la Superintendencia de Servicios Públicos haría control y defensa del usuario, pero la realidad ha demostrado que se trata de un órgano burocrático dispuesto al servicio de los grandes agentes económicos que con sus fauces devoran todo a su alrededor.

Los pereiranos, como el resto de colombianos, afrontan año tras año aumentos desaforados en las facturas de energía, así como en los demás servicios públicos, entre enero y febrero en esta ciudad la tarifa del kilovatio de energía consumida aumentó $33,38 o sea del 6,5% en un solo mes, mientras que la empresa reportó la semana pasada utilidades por 29 mil millones de pesos, siendo el negocio en Pereira con más ganancias a costa del patrimonio público.

Estas utilidades que no se compadecen con los esfuerzos que los usuarios deben hacer para pagar a tiempo, son producto de las altas tarifas por kilovatio consumido, cambios permanentes de medidores y altos costos de corte y reconexión que lesionan de manera grave al sector productivo, que buscando energía más barata se trasladan a ciudades más competitivas o en muchos casos cerrando las empresas y fortaleciendo las importaciones, destruyendo puestos de trabajo.

Como si fuera poco el plan de Desarrollo del gobierno de Duque trae un nuevo impuesto para los colombianos con el cual pretende que paguemos los saqueos que los corruptos nacionales y españoles hicieron en Electricaribe. Este consiste en el pago de una sobretasa de $4 por kilovatio de energía consumida que cancelarían los estratos 4, 5, 6, industria, comercio y no regulados. Con este recurso que son aproximadamente $180 mil millones por año se capitalizaría el Fondo Empresarial de la SSPD y de allí saldrían al menos los $1.2 billones para cubrir el pasivo pensional de Electricaribe, deuda que debe asumir el Estado para volver a privatizar la empresa. La sobretasa que nos impondrá el Gobierno Nacional, en Pereira en un solo mes fue 8 veces más, con razón las utilidades reportadas.

En Pereira, el gran negocio con el servicio de energía es para Alberto Ríos Velilla y los condenados por el carrusel de las contrataciones los hermanos Nule, propietarios del 49% de las acciones bajo la indiferencia del Alcalde de turno que no interviene en la Junta Directiva, ni tiene voz, ni voto, ni carácter para defender el 51% accionario del Municipio, ni deseo de defender a los usuarios.

El carácter privado prevalece sobre el patrimonio público y cualquiera que se atreva a ejercer algún tipo de control es silenciado por los apoderados de la parte privada. Es así como la Contraloría Municipal y en mi propio caso, cuando hemos intentado adelantar algún tipo de indagación hemos sido objeto de acciones jurídicas, tutelas e incluso acciones disciplinarias.

Me opuse como concejal a la transformación de las antiguas empresas públicas hace 23 años bajo la alcaldía de Juan Manuel Arango, alerte los daños que causaría a los pereiranos la privatización de Enerpereira hace 11 años en la administración de Israel Londoño y hoy propongo una administración que por fin esté de parte de los usuarios, que busque alternativas en el sector energético no regulados para el sector industrial, que diseñe alternativas para optimizar el consumo en los hogares mediante visitas, instrucciones, medidas de prevención, adecuaciones y por supuesto comenzar a implementar modelos exitosos de energías renovables como ya lo han hecho en otras latitudes. Y ante todo poniéndonos la camiseta de los ciudadanos.

miércoles, 20 de marzo de 2019

Por una función pública transparente


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.

La función pública, según principios constitucionales debe ejercerse en igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. No obstante este mandato, el servicio público está hoy plagado de debilidades, no hay respeto y acatamiento a estos principios, la primera transgresión se comete desde la misma designación del funcionario, donde se volvió norma posesionar sin el cumplimiento de los requisitos, pero ajustados luego al acomodo de las conveniencias y vulnerando de paso los derechos de los funcionarios de carrera administrativa y de los demás ciudadanos.

Los partidos se llenaron de competidores de ascensos inmediatos con salarios altísimos, impensables para una ciudad donde impera el rebusque sobre el salario mínimo y, lo más grave, sin méritos. Y mientras los recomendados políticos se ponen altos honorarios por administrar, los profesionales que ejecutan deben someterse a las reglas que sobrepasan la complicidad y el sometimiento.

También se volvió regla en la administración pública la creación de cargos para amigos y cómplices del mandatario de turno o la designación de personas en provisionalidad con el fin de sostener cuotas políticas, más no para ejercer una verdadera carrera administrativa, bajo las reglas de Ley. Basta con mirar los personajes que controlan desde afuera despachos o entidades descentralizadas, cómo se benefician y en qué partidos militaron, que - sin distingo de ideología o posición política, porque no la tienen, son solo negociantes de recolección de firmas – obtienen ganancias de nuestro patrimonio aún estando aparentemente fuera del ejercicio.

Pereira tolera una pésima administración pública, se puede ver en muchas de sus dependencias, como en el Instituto de Movilidad o en Aguas y Aguas, entre otros, donde ya se ha demostrado cómo saquean los dineros recaudados por concepto de los servicios que prestan con altísimas tarifas. En Aguas y Aguas hemos venido denunciando, entre otras modalidades de saqueo del patrimonio público, la conciliación de demandas por actos administrativos ilegales, que se volvió regla, o las conciliaciones con altos funcionarios reconociéndoles de manera directa centenares de millones de pesos por beneficios convencionales, donde estos ejecutivos se hacen indemnizar con la complacencia de sí mismos, lo más grave incluso, valiéndose de la Convención Colectiva del Trabajo para sus propósitos. 

El caso más reciente en esta modalidad es el de la Subgerente Administrativa Financiera que se hizo liquidar una indemnización por 151 millones de pesos, con su firma en el certificado presupuestal y con su compañero sentimental en el Comité que le aprobó el beneficio, sin declaratoria de impedimento. Como está demostrado que no existen acciones de repetición contra los funcionarios que con su proceder vienen causando estos multimillonarios daños patrimoniales a la empresa solicité al alcalde Juan Pablo Gallo mediante Derecho de Petición informar sobre las acciones que hubiere tomado sobre estas denuncias que he venido haciendo en el ejercicio del control político que me encomendaron los pereiranos, por una gran mayoría como consta en la Registraduría, desde el Concejo Municipal.

“NO (en mayúscula sostenida) corresponde a la Junta Directiva ni a su Presidente (o sea él, el Alcalde) como función estatutaria, hacer directamente seguimiento y vigilancia al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, pues el Decreto 1069 de 2015 multicitado, le asigna al Director de la Oficina de Control Interno, …”, es un aparte de la respuesta que el alcalde me dio, o sea que ni la junta ni su Presidente controlan, ni vigilan y mucho menos indagan; con razón afirman que esta empresa fue entregada para su uso, goce y disfrute al matrimonio Salazar-Noreña como pago por su respaldo en la pasada campaña.

A Pereira le hace falta un Alcalde que controle y vigile la función pública y, que como presidente de la junta directiva de Aguas y Aguas, defienda lo último que nos queda de patrimonio público, pues la conducen a su privatización.



En Pereira se requiere transparencia


Carlos Alfredo Crosthwaite F.


Durante el primer semestre del año pasado se desató un debate en el país sobre la importación de dos jirafas para el BIOPARQUE UKUMARI desde México en calidad de donación, hubo infinidad de opiniones encontradas, unas a favor otras en contra y más en estos tiempos donde la sociedad ha tomado más conciencia sobre los derechos de los animales, validados por la Organización de las Naciones Unidas. Pocos meses después, al parecer el tiempo le dio la razón a quienes se opusieron a esa colosal tarea por el desenlace trágico que todos ya conocemos: la muerte de la hembra.

Como el Gobierno Nacional hizo oídos sordos a la petición del alcalde Gallo para trasladar las jirafas en un avión de la Fuerza Aérea, el alcalde informó a la opinión pública, a través de los medios de comunicación locales y nacionales, que el traslado desde México a esta capital costaría 180 millones de pesos, recursos que se recaudarían a través de una colecta, aprovechando el civismo que ha caracterizado a los pereiranos.

Pero la verdad es otra, el parque UKUMARI celebró al menos dos contratos para este traslado, el primero de ellos por un valor de 58 millones de pesos, con el señor ARMANDO SANTAMARIA CRUZ para la “Prestación de servicios de agencia de carga y transporte aéreo internacional como intermediario para el traslado de dos jirafas desde México D.F. hasta la ciudad de Cali-Colombia”,  y el segundo por un valor de 600 millones de pesos con el propietario del parque Africam Safari, el ciudadano mexicano GREGORY ATILA CAMACHO WARDLE por la “Prestación de servicios para el acompañamiento especializado al equipo técnico biológico de Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. en la logística, traslado y manejo de las jirafas hacia el Bioparque Ukumarí”, lo que deja entrever que falta a la verdad el alcalde Juan Pablo Gallo cuando aseguró por todos los medios que esas jirafas no tendrían ningún costo porque se trataba de una donación que el parque Africam Safari, de Puebla, México le hacía a la ciudad de Pereira.

A la fecha desconocemos el costo del traslado de las jirafas desde Cali hasta Pereira, ni cuánto recolectó el municipio con la “vaca” a la que convocó a los pereiranos, y que otros gastos se hicieron en esta tarea, pero a raíz de esta denuncia han surgido comentarios que la cuenta puede ser mucho mayor. También se habla de una situación de incertidumbre sobre el estado de salud del macho, debido a la falta de compañía de sus congéneres y de su hábitat natural.

Es inconcebible que se derrochen los recursos en unas empresas tan riesgosas, sin ningún tipo de aseguramiento, mientras tenemos cuatro colegios cerrados, deficiencia en la cobertura del programa de alimentación escolar, ancianos muriendo en las calles, pésima atención en salud, desempleo, drogadicción, vías rurales en pésimo estado, entre muchas otras necesidades, indispensables para los pereiranos y que sí hacen parte del verdadero objetivo de la función pública, derrotar la pobreza y la inequidad.

No pretendo desconocer que el Parque temático Ukumarí es una realidad, para mal o para bien involucraron a la ciudad en ese proyecto, con una suma enorme de recursos invertida y es deber de las administraciones convertirlo en un negocio rentable, pero se requiere total transparencia si queremos una sociedad más justa.