Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.
La función pública, según principios
constitucionales debe ejercerse en igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad. No obstante este mandato, el servicio
público está hoy plagado de debilidades, no hay respeto y acatamiento a estos principios,
la primera transgresión se comete desde la misma designación del funcionario,
donde se volvió norma posesionar sin el cumplimiento de los requisitos, pero
ajustados luego al acomodo de las conveniencias y vulnerando de paso los
derechos de los funcionarios de carrera administrativa y de los demás
ciudadanos.
Los partidos se llenaron de
competidores de ascensos inmediatos con salarios altísimos, impensables para
una ciudad donde impera el rebusque sobre el salario mínimo y, lo más grave,
sin méritos. Y mientras los recomendados políticos se ponen altos honorarios
por administrar, los profesionales que ejecutan deben someterse a las reglas
que sobrepasan la complicidad y el sometimiento.
También se volvió regla en la
administración pública la creación de cargos para amigos y cómplices del
mandatario de turno o la designación de personas en provisionalidad con el fin
de sostener cuotas políticas, más no para ejercer una verdadera carrera
administrativa, bajo las reglas de Ley. Basta con mirar los personajes que
controlan desde afuera despachos o entidades descentralizadas, cómo se
benefician y en qué partidos militaron, que - sin distingo de ideología o posición
política, porque no la tienen, son solo negociantes de recolección de firmas – obtienen
ganancias de nuestro patrimonio aún estando aparentemente fuera del ejercicio.
Pereira tolera una pésima
administración pública, se puede ver en muchas de sus dependencias, como en el Instituto
de Movilidad o en Aguas y Aguas, entre otros, donde ya se ha demostrado cómo saquean
los dineros recaudados por concepto de los servicios que prestan con altísimas
tarifas. En Aguas y Aguas hemos venido denunciando, entre otras modalidades de
saqueo del patrimonio público, la conciliación de demandas por actos
administrativos ilegales, que se volvió regla, o las conciliaciones con altos
funcionarios reconociéndoles de manera directa centenares de millones de pesos
por beneficios convencionales, donde estos ejecutivos se hacen indemnizar con
la complacencia de sí mismos, lo más grave incluso, valiéndose de la Convención
Colectiva del Trabajo para sus propósitos.
El caso más reciente en esta
modalidad es el de la Subgerente Administrativa Financiera que se hizo liquidar
una indemnización por 151 millones de pesos, con su firma en el certificado
presupuestal y con su compañero sentimental en el Comité que le aprobó el
beneficio, sin declaratoria de impedimento. Como está demostrado que no existen
acciones de repetición contra los funcionarios que con su proceder vienen
causando estos multimillonarios daños patrimoniales a la empresa solicité al
alcalde Juan Pablo Gallo mediante Derecho de Petición informar sobre las
acciones que hubiere tomado sobre estas denuncias que he venido haciendo en el
ejercicio del control político que me encomendaron los pereiranos, por una gran
mayoría como consta en la Registraduría, desde el Concejo Municipal.
“NO (en mayúscula sostenida)
corresponde a la Junta Directiva ni a su Presidente (o sea él, el Alcalde) como
función estatutaria, hacer directamente seguimiento y vigilancia al Comité de
Conciliación y Defensa Judicial, pues el Decreto 1069 de 2015 multicitado, le
asigna al Director de la Oficina de Control Interno, …”, es un aparte de la
respuesta que el alcalde me dio, o sea que ni la junta ni su Presidente controlan,
ni vigilan y mucho menos indagan; con razón afirman que esta empresa fue
entregada para su uso, goce y disfrute al matrimonio Salazar-Noreña como pago
por su respaldo en la pasada campaña.
A Pereira le hace falta un Alcalde
que controle y vigile la función pública y, que como presidente de la junta
directiva de Aguas y Aguas, defienda lo último que nos queda de patrimonio
público, pues la conducen a su privatización.

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