miércoles, 20 de marzo de 2019

Por una función pública transparente


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.

La función pública, según principios constitucionales debe ejercerse en igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. No obstante este mandato, el servicio público está hoy plagado de debilidades, no hay respeto y acatamiento a estos principios, la primera transgresión se comete desde la misma designación del funcionario, donde se volvió norma posesionar sin el cumplimiento de los requisitos, pero ajustados luego al acomodo de las conveniencias y vulnerando de paso los derechos de los funcionarios de carrera administrativa y de los demás ciudadanos.

Los partidos se llenaron de competidores de ascensos inmediatos con salarios altísimos, impensables para una ciudad donde impera el rebusque sobre el salario mínimo y, lo más grave, sin méritos. Y mientras los recomendados políticos se ponen altos honorarios por administrar, los profesionales que ejecutan deben someterse a las reglas que sobrepasan la complicidad y el sometimiento.

También se volvió regla en la administración pública la creación de cargos para amigos y cómplices del mandatario de turno o la designación de personas en provisionalidad con el fin de sostener cuotas políticas, más no para ejercer una verdadera carrera administrativa, bajo las reglas de Ley. Basta con mirar los personajes que controlan desde afuera despachos o entidades descentralizadas, cómo se benefician y en qué partidos militaron, que - sin distingo de ideología o posición política, porque no la tienen, son solo negociantes de recolección de firmas – obtienen ganancias de nuestro patrimonio aún estando aparentemente fuera del ejercicio.

Pereira tolera una pésima administración pública, se puede ver en muchas de sus dependencias, como en el Instituto de Movilidad o en Aguas y Aguas, entre otros, donde ya se ha demostrado cómo saquean los dineros recaudados por concepto de los servicios que prestan con altísimas tarifas. En Aguas y Aguas hemos venido denunciando, entre otras modalidades de saqueo del patrimonio público, la conciliación de demandas por actos administrativos ilegales, que se volvió regla, o las conciliaciones con altos funcionarios reconociéndoles de manera directa centenares de millones de pesos por beneficios convencionales, donde estos ejecutivos se hacen indemnizar con la complacencia de sí mismos, lo más grave incluso, valiéndose de la Convención Colectiva del Trabajo para sus propósitos. 

El caso más reciente en esta modalidad es el de la Subgerente Administrativa Financiera que se hizo liquidar una indemnización por 151 millones de pesos, con su firma en el certificado presupuestal y con su compañero sentimental en el Comité que le aprobó el beneficio, sin declaratoria de impedimento. Como está demostrado que no existen acciones de repetición contra los funcionarios que con su proceder vienen causando estos multimillonarios daños patrimoniales a la empresa solicité al alcalde Juan Pablo Gallo mediante Derecho de Petición informar sobre las acciones que hubiere tomado sobre estas denuncias que he venido haciendo en el ejercicio del control político que me encomendaron los pereiranos, por una gran mayoría como consta en la Registraduría, desde el Concejo Municipal.

“NO (en mayúscula sostenida) corresponde a la Junta Directiva ni a su Presidente (o sea él, el Alcalde) como función estatutaria, hacer directamente seguimiento y vigilancia al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, pues el Decreto 1069 de 2015 multicitado, le asigna al Director de la Oficina de Control Interno, …”, es un aparte de la respuesta que el alcalde me dio, o sea que ni la junta ni su Presidente controlan, ni vigilan y mucho menos indagan; con razón afirman que esta empresa fue entregada para su uso, goce y disfrute al matrimonio Salazar-Noreña como pago por su respaldo en la pasada campaña.

A Pereira le hace falta un Alcalde que controle y vigile la función pública y, que como presidente de la junta directiva de Aguas y Aguas, defienda lo último que nos queda de patrimonio público, pues la conducen a su privatización.



No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión es de mucho interes.!!