miércoles, 29 de mayo de 2019

Silencio en Alcaldía sobre sociedad de economía mixta para el usufructo del alumbrado público de Pereira.


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

En aras de la transparencia y de la defensa del patrimonio público la ciudadanía de Pereira debió ser informada a través de una de las famosas selfies o vídeos del mandatario de la Capital del Eje, del “nuevo y moderno” servicio de alumbrado que tendremos que pagar, a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo que será puesto a consideración del Concejo para este fin.

Siguiendo el camino de la privatización de los servicios a cargo del estado, la Alcaldía de Pereira piensa entregar por tiempo indefinido la prestación del servicio de alumbrado público a privados, a través de una sociedad de Economía Mixta, con las mismas secuelas de los demás servicios privatizados, altas tarifas y abuso para los usuarios, y extraordinarias ganancias para los socios del Alcalde.

Para echar a andar su privatización, el año pasado la Alcaldía contrató una “Consultoría para el estudio técnico, jurídico, regulatorio y financiero de la modernización y prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Pereira”, con la firma Pravne Consulting Group, cuyo representante legal es Armando Gutiérrez Castro, por 1.287 millones de pesos.

Dicho estudio concluye la necesidad de modernizar el sistema a la vanguardia de la transformación digital, como asunto prioritario porque se trata de una necesidad básica de los habitantes y recomienda que, para no comprometer la capacidad de endeudamiento, “la opción más favorable es permitir la participación del capital privado que redunde en una mejora (…) de a mano en la operación con la participación mancomunada de la administración pública. (…) optar por una empresa de capital mixto, con el concurso de un socio estratégico, permitiría a la Administración Municipal de Pereira ejercer un mayor control y de esta forma beneficiar a la comunidad.”

Ya ocurrió en Barranquilla, según lo denunció en su cuenta de Twitter el analista Aurelio Suárez Montoya: “En lo de “economía mixta” el más activo es William Vélez que la usa para tomarse alumbrados de Colombia. Con “estudios” de un ex empleado replica la jugosa experiencia en Barranquilla, Villavicencio y ahora Pereira, que se sepa.” El exempleado es armando Gutierrez Castro es el mismo de Pereira.

Por fortuna, la intervención oportuna de varios líderes y la movilización de la ciudadanía en Villavicencio lograron que el Alcalde frenara el proceso. Efectivamente a ese monopolio de William Vélez pertenecerá dentro de muy poco nuestro sistema de alumbrado público si no protestamos para que nos permitan seguir siendo dueños de lo poco público que nos queda, por cierto, un sistema reventado, obsoleto, sin ningún tipo de inversión por parte de la Empresa Enelar, propiedad de Alberto Ríos Velilla cabeza de los socios que poseen el 49% de la empresa Energía de Pereira, quien tuvo por 15 años su concesión, al que le sacaron el máximo provecho y donde jamás invirtieron en modernización, repotenciación y expansión.

Este espurio contrato de concesión fue terminado en el año 2014 como consecuencia del fallo del Consejo de Estado que ordenó su liquidación, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 125 de 1998, acto administrativo que autorizó la operación del sistema mediante la figura de la concesión. Todo esto sumado a la apatía total de los alcaldes posteriores: Martha Elena Bedoya y Juan Manuel Arango que se negaron a declarar la nulidad del contrato por la derogatoria del Acuerdo 125. Calza muy bien en este caso la célebre sentencia: “¡La Justicia cojea, pero llega!”

Desde el año 2015 y hasta diciembre de 2018 el servicio de alumbrado fue prestado por la Empresa de Energía de Pereira, mediante la firma de convenios interadministrativos para compra de energía, operación, administración, facturación y cobro, convenios ilegales y además con pésimos resultados. 

Durante lo corrido del 2019 la Secretaria de Infraestructura viene prestando el servicio con idénticos resultados. Mi percepción es que esta situación es preconcebida con el fin de que el sistema colapse y tener la disculpa de entregarlo a la sociedad mixta indicada en los estudios.

Hago un llamado a todos los ciudadanos para que le solicitemos al alcalde Gallo que actúe sin dar la espalda, sin cerrar las puertas de la transparencia y que utilice, aunque sea de salida, una herramienta democrática como la consulta popular para que conozca nuestras opiniones sobre el patrimonio de la ciudad que él prometió que defendería. Es ilegal entregar un impuesto a privados para su beneficio.


jueves, 16 de mayo de 2019

La mentira como engaño al elector


Carlos Alfredo Crosthwaite

Una campaña política se hace con un listado de promesas que al final del mandato terminan siendo cumplidas a medias o incumplidas y olvidadas por parte de los electores. Recordemos la campaña Santos 2010, cuando expresó en debate televisivo: “Habría que ver como aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas, en eso, profesor Mockus, yo le puedo firmar en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera: no voy a subir tarifas”. Y los aplausos retumbaron, incluido el del propio Mockus.

En el 2018 el entonces candidato Iván Duque juró por todos los medios, con argumentos ambientales y técnicos, la improcedencia de implementar el fracking en Colombia y una gran mayoría creyó en su palabra, ahora estamos ad portas de causar los daños ambientales más graves e irreparables mediante este mecanismo.

En Pereira no estamos exentos a la fórmula promesera cual lista de mercado o vademécum con remedio para todos los males, diciéndole a la gente lo que quiere oír, pero sin que obedezca a un plan serio con respuesta real y objetiva a las necesidades de la comunidad.

Hace 4 años el candidato Gallo denunciaba por sus redes sociales y en notas de prensa los atropellos del Sotismo, en cabeza del alcalde Vásquez: Expresaba: “La administración se gasta $37 mil millones al año en contratos de prestación de servicios, muchos de ellos son contratos basura; son contratistas que no realizan una tarea importante para la Administración, que están allí presentando unos informes, eso sí con una responsabilidad en términos electorales de poner una cantidad de votos a determinados candidatos: mal por Pereira, no debería ser así”.

En lo que Gallo tenía razón es que efectivamente son contratos basura porque hoy, al término de su mandato, no solo ejerce la misma práctica perversa, sino que la superó con creces, pues de esos $37 mil millones que le criticó a Vásquez pasó a $77 mil millones en 2016, $93 mil millones en 2017 y $81 mil millones en 2018.

Los contratos basura se han disparado en esta capital, que el atropello hacia los contratistas, hombres y mujeres continúa y se encrudece. Por mi oficina en el Concejo Municipal pasan continuamente, personas con necesidad de trabajar en busca de una recomendación exigida por el asesor privado del Alcalde, Ruano, para poder acceder a un contrato en la alcaldía, porque esa es la Ley que se impuso en la administración pública.

Se trata de un requisito corrupto que somete al contratista a buscar votos y al concejal a renunciar al principal deber para el que fue elegido: el control político.
Lamentablemente en Colombia se instauró la política de que todo se cobra y de que en todos los actos públicos hay coima y por lo tanto hay corrupción. Ha llegado a tal punto este requisito que hasta el propio Jefe del organismo de control local exige concejal para otorgar un contrato de prestación de servicios.

Nuestra tarea es romper este vicio. Recordemos que la Corte Constitucional determinó que los contratos basura, tanto en el sector público como en el privado, violentan los derechos laborales, significan un retroceso enorme en las conquistas de los trabajadores y un atraso profundo para nuestra sociedad.

Debemos volver a ejercer la selección objetiva, cumplir con las reglas de transparencia e igualdad, con contratos de prestación por toda la vigencia para objetos específicos y por nómina para los cargos con funciones públicas.

La Alcaldía de Pereira necesita deshacerse de las trampas, de las mentiras y de la avaricia de las mafias que se alían para tomarse el poder, solo así habrá lugar para un ejercicio político serio, responsable y transparente, no como promesa electoral sino como el cumplimiento de una norma de carácter legal y constitucional.

Una alcaldía al rescate del derecho a una educación de calidad


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Cada año la revista DINERO difunde un escalafón de las pruebas SABER 11 con base al ICFES de los colegios privados y oficiales del país de los calendarios A, B y semestralizados, donde saca un promedio de los resultados agregados en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. En el 2018 de los 12.701 colegios evaluados el primer colegio oficial de la ciudad es el San Vicente Hogar en el puesto 1110, con un promedio de 60 sobre 100, mientras el primer privado es el Liceo Pino Verde en el puesto 64 con un promedio de 72.46 sobre 100.   

Estamos ante el grave hecho de que la calidad de la educación que reciben nuestros hijos está relacionada con el costo de la matrícula. Pero no tiene por qué ser así. Hasta finales de los años 90 los colegios públicos competían en calidad con los privados, lamentablemente el modelo de privatización en el gobierno de Gaviria, y la exacerbada corrupción han deteriorado la calidad de la instrucción pública y de la infraestructura misma.
Es así que la ciudad afronta una crisis en esta materia, como en casi todos sus indicadores sociales.

Como lo he venido advirtiendo, varios planteles han sido cerrados total o parcialmente y otros, como el Instituto Kennedy se vieron obligados a implantar una especie de pico y placa para turnar las aulas entre sus 1450 estudiantes por días, dejando a los menores sin educación los martes y viernes y los de bachillerato los jueves, exponiendo a los niños a los peligros de la calle, del atropello de los adultos malintencionados y de la delincuencia, a engrosar ese alarmante segundo lugar en consumo de sustancias psicoativas y todo tipo de incumplimiento a las obligaciones constitucionales de los derechos de la niñez.

En visita realizada a las instalaciones del colegio Gabriel Trujillo de Caimalito pude constatar que los niños corren un peligro inminente ante la amenaza de colapso sobre las aulas de un enorme árbol, una viga en voladizo se sostiene de una guadua y la orden de desalojo de la estructura donde funciona la biblioteca. Advertencia que surge de una consultoría adelantada el año pasado, por insistencia de este servidor, a cargo de una firma consultora en los planteles de las I.E. Ernesto Zuluaga, Gabriel Trujillo, Hernando Vélez Marulanda, Luis Carlos González, Pablo Emilio Cardona, Rafael Uribe Uribe sede la Victoria, sobre la vulnerabilidad y reforzamiento estructural para las edificaciones con prioridad de intervención a corto plazo y reportadas por la DIGER. A estos planteles se adicionaron la Carlota Sánchez sede 3, Instituto Kennedy, Alfredo García y Gimnasio Risaralda. De las 11 edificaciones analizadas a 5 se les dio la orden de cierre total o parcial, o sea el 45%. ¿Cómo estarán los demás inmuebles educativos? ¿Qué hallaremos si examinamos las restantes?

Esta grave situación es producto del incumplimiento del municipio de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes, en relación con la evaluación de las edificaciones indispensables, como los centros educativos, donde se dio un plazo de 3 años para evaluar su vulnerabilidad sísmica, y un lapso no mayor a 6 años para intervenir y reforzar estas para llevarlas a un nivel de seguridad equivalente a una edificación nueva. La norma se incumplió y ninguna autoridad ha tomado la decisión de investigar a los alcaldes que infringieron esta disposición.

Causa risa la disposición contenida en el Plan de Desarrollo de involucrar en la educación la inmersión en una segunda lengua y el contraste que se da con la ausencia de las condiciones mínimas para una educación de calidad, donde los niños asisten a planteles en riesgo de colapso en una zona altamente sísmica, con una pésima arquitectura, sin espacios adecuados para deporte y cultura, falta de transporte y con baja cobertura al plan de alimentación escolar porque el dinero de nuestros impuestos se destina a obras no prioritarias en zonas de estrato alto o en proyectos inviables como el parque Ukumari o el proyecto del cable aéreo. Estamos comprometidos en ejercer una alcaldía que rescate el derecho a una educación de calidad, como el principal elemento para derrotar el atraso y la pobreza.


Décadas de ineficacia en el cobro del impuesto predial


Desde 1995 se repite el mismo modelo de tributación inequitativo y perverso, con el que se pierde más del 40% del recaudo.

Pereira, abril de 2019.
Según la Secretaría de Hacienda el recaudo real del Impuesto Predial en 2018 fue de $80.029.386.414 de un potencial de $97.777.227.275 y una cartera de $17.747.840.861, cifras que son totalmente maquilladas.

Si bien ese despacho sostiene que el 82% de los propietarios identificados en el catastro están al día, las cifras demuestran que el recaudo solo alcanza el 56,5%, el resto se pierde en una cartera creciente año tras año, sin distingo de estrato.
Las cifras reales son las siguientes: el recaudo efectivo fue de $94.669.460.940 de vigencias actuales, de un potencial de $127.617.272.442 y la cartera de $254.781.449.224. Lo demás corresponde a vigencias anteriores: $21.143.807.505 y de intereses la suma de $11.804.003.996. Resaltando que estos últimos son los más altos del país.

Es decir que para el 2018 el Municipio debió recaudar $168.527 millones, sin contar la cartera, por lo que se dejó de recaudar $73.858 millones, cifra que podría variar porque no se conoce el monto que se sacrificó para promocionar el pronto pago.
En el informe de la Secretaría de Hacienda no especifica dichos descuentos, ni el 15% que se traslada a la Cárder. Esa cartera que persiste desde hace 26 años es muestra fehaciente de la ineficacia del modelo.



En un ejercicio hipotético, en el que el Municipio le cobrara a todos los estratos con la base catastral del estrato 3 (del 8x1000), obtendríamos un recaudo más eficiente, todos los contribuyentes se pondrían al día, pero con el modelo que han aplicado históricamente en el que solo se le aumenta la base catastral a los ciudadanos más puntuales, el efecto en el recaudo es contraproducente.
Lo anterior indica porqué el impuesto de Industria y Comercio resulta más eficiente porque presiona a los contribuyentes sin sentido, de manera injusta, ya que este se debe al esfuerzo de los emprendedores, al fruto del trabajo que, según las propias estadísticas, el 60% de los negocios claudican porque no resisten dicha carga tributaria, mientras con el modelo del Impuesto Predial solo se benefician los que usufructúan la tierra, los que se dedican a la especulación inmobiliaria, los que demandan el POT para su propio beneficio.
En Pereira existen predios sin actualización catastral desde hace más de 10 años: en Villaverde, por ejemplo, aún no llegan los recibos de predial; en Maracay (Cerritos) pagan como si aún fuera un lote sin construcción y en ese mismo sector varios dirigentes, políticos y “ciudadanos prestantes” tienen casas de miles de millones de pesos y que se libran del pago del Predial porque se valen de sus influencias para omitirlo.
Por un lado, el informe oficial presenta la cifra de apenas 64 predios nuevos ingresados al catastro durante el último año, pero por el otro la Empresa de Aseo aumentó sus usuarios en 16 mil, que en su mayoría demandan subsidios y contribuciones altísimas. Esto significa que los privados, con su posición dominante y anuencia del Gobierno Municipal, abusan de los contribuyentes y con cobros altísimos e inequitativos les extraen el dinero que podrían destinar para el pago del predial.
El modelo de recaudo del Predial es perverso porque no se toman en cuenta los principios tributarios: progresividad y real capacidad de pago, no es progresivo porque las carteras de los estratos bajos aumentan al mismo ritmo de las de los altos y entre más aumentan las tasas más contribuyentes dejan de pagar. En el estrato 5, por ejemplo, vemos como sube de $6.025.512,5 a la alarmante cifra de $10.581.710, el comportamiento de los contribuyentes no mejora por falta de medidas efectivas. En los lotes (estrato 7) es donde se presenta la peor especulación urbana que, como se aprecia en la siguiente gráfica, se multiplicó en 120% en el último año.


Politiquería y corrupción
Si bien la Secretaria de Hacienda afirma que se requeriría personal especializado para hacer efectiva la cartera, a simple vista se aprecia el exceso de contratistas atiborrados en la Alcaldía Municipal sin más oficio que contribuir a la politiquería. Ahora, la oficina de catastro sale de una ineficiencia de décadas, en la oficina de la Calle 19 con 10ª, para engrosar la burocracia del Área Metropolitana. ¡Los mismos con las mismas! La pregunta es: ¿eso la hará eficiente?


¿Dónde está cartera?, es la pregunta que le hago a los organismos de control con un acervo probatorio de lo anterior, pues es mucho mayor al que presenta el informe oficial. Se rumora en los corrillos de la Administración sobre malos manejos, llamadas telefónicas con ofertas de descuento o condona a cambio de una coima; como en casi todo lo público: una fuente de politiquería y corrupción.
El Concejo Municipal me brindó un espacio para exponer este tema utilizando la figura del Estatuto de Oposición, cuando por lógica, es un tema que debería contar con el compromiso de todos para tomar medidas y correctivos, para que la ciudad vaya bien y a todos los ciudadanos nos vaya bien.