Carlos Alfredo Crosthwaite
Una campaña política se hace con un listado de promesas que
al final del mandato terminan siendo cumplidas a medias o incumplidas y
olvidadas por parte de los electores. Recordemos la campaña Santos 2010, cuando
expresó en debate televisivo: “Habría que ver como aumenta uno los recursos del
Estado, pero no subiendo tarifas, en eso, profesor Mockus, yo le puedo firmar
en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera: no voy a subir tarifas”.
Y los aplausos retumbaron, incluido el del propio Mockus.
En el 2018 el entonces candidato Iván Duque juró por todos
los medios, con argumentos ambientales y técnicos, la improcedencia de
implementar el fracking en Colombia y una gran mayoría creyó en su palabra,
ahora estamos ad portas de causar los daños ambientales más graves e
irreparables mediante este mecanismo.
En Pereira no estamos exentos a la fórmula promesera cual
lista de mercado o vademécum con remedio para todos los males, diciéndole a la gente
lo que quiere oír, pero sin que obedezca a un plan serio con respuesta real y
objetiva a las necesidades de la comunidad.
Hace 4 años el candidato Gallo denunciaba por sus redes
sociales y en notas de prensa los atropellos del Sotismo, en cabeza del alcalde
Vásquez: Expresaba: “La administración se gasta $37 mil millones al año en
contratos de prestación de servicios, muchos de ellos son contratos basura; son
contratistas que no realizan una tarea importante para la Administración, que
están allí presentando unos informes, eso sí con una responsabilidad en
términos electorales de poner una cantidad de votos a determinados candidatos:
mal por Pereira, no debería ser así”.
En lo que Gallo tenía razón es que efectivamente son
contratos basura porque hoy, al término de su mandato, no solo ejerce la misma
práctica perversa, sino que la superó con creces, pues de esos $37 mil millones
que le criticó a Vásquez pasó a $77 mil millones en 2016, $93 mil millones en
2017 y $81 mil millones en 2018.
Los contratos basura se han disparado en esta capital, que
el atropello hacia los contratistas, hombres y mujeres continúa y se encrudece.
Por mi oficina en el Concejo Municipal pasan continuamente, personas con
necesidad de trabajar en busca de una recomendación exigida por el asesor
privado del Alcalde, Ruano, para poder acceder a un contrato en la alcaldía,
porque esa es la Ley que se impuso en la administración pública.
Se trata de un requisito corrupto que somete al contratista
a buscar votos y al concejal a renunciar al principal deber para el que fue
elegido: el control político.
Lamentablemente en Colombia se instauró la política de que
todo se cobra y de que en todos los actos públicos hay coima y por lo tanto hay
corrupción. Ha llegado a tal punto este requisito que hasta el propio Jefe del
organismo de control local exige concejal para otorgar un contrato de
prestación de servicios.
Nuestra tarea es romper este vicio. Recordemos que la Corte Constitucional
determinó que los contratos basura, tanto en el sector público como en el
privado, violentan los derechos laborales, significan un retroceso enorme en
las conquistas de los trabajadores y un atraso profundo para nuestra sociedad.
Debemos volver a ejercer la selección objetiva, cumplir con las
reglas de transparencia e igualdad, con contratos de prestación por toda la
vigencia para objetos específicos y por nómina para los cargos con funciones
públicas.
La Alcaldía de Pereira necesita deshacerse de las trampas,
de las mentiras y de la avaricia de las mafias que se alían para tomarse el
poder, solo así habrá lugar para un ejercicio político serio, responsable y transparente,
no como promesa electoral sino como el cumplimiento de una norma de carácter
legal y constitucional.
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