jueves, 16 de mayo de 2019

La mentira como engaño al elector


Carlos Alfredo Crosthwaite

Una campaña política se hace con un listado de promesas que al final del mandato terminan siendo cumplidas a medias o incumplidas y olvidadas por parte de los electores. Recordemos la campaña Santos 2010, cuando expresó en debate televisivo: “Habría que ver como aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas, en eso, profesor Mockus, yo le puedo firmar en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera: no voy a subir tarifas”. Y los aplausos retumbaron, incluido el del propio Mockus.

En el 2018 el entonces candidato Iván Duque juró por todos los medios, con argumentos ambientales y técnicos, la improcedencia de implementar el fracking en Colombia y una gran mayoría creyó en su palabra, ahora estamos ad portas de causar los daños ambientales más graves e irreparables mediante este mecanismo.

En Pereira no estamos exentos a la fórmula promesera cual lista de mercado o vademécum con remedio para todos los males, diciéndole a la gente lo que quiere oír, pero sin que obedezca a un plan serio con respuesta real y objetiva a las necesidades de la comunidad.

Hace 4 años el candidato Gallo denunciaba por sus redes sociales y en notas de prensa los atropellos del Sotismo, en cabeza del alcalde Vásquez: Expresaba: “La administración se gasta $37 mil millones al año en contratos de prestación de servicios, muchos de ellos son contratos basura; son contratistas que no realizan una tarea importante para la Administración, que están allí presentando unos informes, eso sí con una responsabilidad en términos electorales de poner una cantidad de votos a determinados candidatos: mal por Pereira, no debería ser así”.

En lo que Gallo tenía razón es que efectivamente son contratos basura porque hoy, al término de su mandato, no solo ejerce la misma práctica perversa, sino que la superó con creces, pues de esos $37 mil millones que le criticó a Vásquez pasó a $77 mil millones en 2016, $93 mil millones en 2017 y $81 mil millones en 2018.

Los contratos basura se han disparado en esta capital, que el atropello hacia los contratistas, hombres y mujeres continúa y se encrudece. Por mi oficina en el Concejo Municipal pasan continuamente, personas con necesidad de trabajar en busca de una recomendación exigida por el asesor privado del Alcalde, Ruano, para poder acceder a un contrato en la alcaldía, porque esa es la Ley que se impuso en la administración pública.

Se trata de un requisito corrupto que somete al contratista a buscar votos y al concejal a renunciar al principal deber para el que fue elegido: el control político.
Lamentablemente en Colombia se instauró la política de que todo se cobra y de que en todos los actos públicos hay coima y por lo tanto hay corrupción. Ha llegado a tal punto este requisito que hasta el propio Jefe del organismo de control local exige concejal para otorgar un contrato de prestación de servicios.

Nuestra tarea es romper este vicio. Recordemos que la Corte Constitucional determinó que los contratos basura, tanto en el sector público como en el privado, violentan los derechos laborales, significan un retroceso enorme en las conquistas de los trabajadores y un atraso profundo para nuestra sociedad.

Debemos volver a ejercer la selección objetiva, cumplir con las reglas de transparencia e igualdad, con contratos de prestación por toda la vigencia para objetos específicos y por nómina para los cargos con funciones públicas.

La Alcaldía de Pereira necesita deshacerse de las trampas, de las mentiras y de la avaricia de las mafias que se alían para tomarse el poder, solo así habrá lugar para un ejercicio político serio, responsable y transparente, no como promesa electoral sino como el cumplimiento de una norma de carácter legal y constitucional.

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