miércoles, 27 de febrero de 2019

Nueva concesión con peaje Cerritos a hurtadillas

En la tarde de hoy miércoles se celebrará una reunión a puerta cerrada, en la sala de juntas de la Cámara de Comercio, donde se dará aprobación de una nueva concesión vial que perjudicará gravemente a los habitantes de Pereira, Cartago, La Virginia y los municipios del occidente risaraldense con un inminente aislamiento de esta capital, y que se financiará con el peaje de Cerritos II.
La petición que viene haciendo desde hace años la comunidad para el desmonte del peaje entre Cerritos y Cartago por su alto costo y el grave daño que le ocasiona a la interacción comercial entre los municipios del Norte del Valle y Pereira no ha sido escuchada, sino que por el contrario se prolongará por décadas y se le sumaría la instalación de otro peaje entre Cerritos y La Virginia, con el pretexto de recaudar los recursos para la construcción de la doble calzada en ese trayecto, más otras obras viales de muy bajas especificaciones que poca solución ofrecen, como es costumbre.
La instalación de otro peaje es inminente ante la disminución del recaudo que viene presentando el peaje de Cerritos II, debido al aumento del tráfico por la rehabilitación de la vía entre la glorieta de Ansermanuevo- La Virginia, y las obras de la Concesión Pacifico III, entre este municipio y Supia, que incluye el túnel de La Tesalia, entre el sector de Remolinos e Irra, a cargo de esta concesión. Incremento ocasionado por el tráfico de vehículos livianos y pesados que viene del sur del país y va hacia Antioquia y el mar Atlántico y viceversa, lo que esta produciendo que se incremente mucho más en Acapulco y disminuya de la misma manera en Cerritos II y Tarapaca II.
Solamente entre 2017 y 2018 el tráfico anual del peaje Cerritos II disminuyó en 88.640 vehículos, el de Tarapacá II en 83.148, mientras el de Acapulco aumentó en 384.984 vehículos; que traducido en recaudo significó para el peaje de Cerritos II $1.255 millones menos, para el de Tarapacá II $1.691 millones menos, mientras que el de Acapulco recaudó $10.164 millones más.
Cifras que las autoridades locales y nacionales mantienen ocultas para justificar más adelante el incremento del peaje de Cerritos, la instalación de uno nuevo hacia La Virginia e, incluso, un futuro cobro por valorización para este proyecto autorizado en la Ley de Infraestructura, igual a como sucedió con la concesión Autopistas del Café, que derivó en más peajes de alto costo, aumento del plazo de concesión y traslado de dineros del presupuesto nacional.
Así pues, Pereira quedará sitiada por peajes onerosísimos, aislada cada vez más de las ciudades vecinas, alejada de su vocación comercial, con todas sus vías de comunicación privatizadas al servicio de unos pocos escudados en los gremios, aliados de los bancos, bajo la complacencia del gobernador que termina su periodo este año, con réditos para él y sus conmilitones, como el Senador Merheg, y un perjuicio grande para los municipios que le depositaron su confianza.
Es así que Sigifredo Salazar estará reunido hoy, a las 3 de la tarde con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Louis Klein; el Viceministro de Infraestructura, el Vicepresidente de Colpatria, Francisco Gnecco, entidad que negoció con CONALVÍAS dicha concesión; el socio de Prodesa, Carlos Vargas, entre otros dignatarios del sector privado, sin presencia de ingenieros, economistas, dirigentes políticos, sociales, barriales o representantes de la sociedad risaraldense, ni de los pereiranos que son los perjudicados con estos negocios particulares.
Como concejal y como ciudadano, estoy alertando a la comunidad para que se pronuncien al respeto y para que demandemos del alcalde Juan Pablo Gallo si está informado de esta Alianza Público Privada, si fue invitado a la reunión de esta tarde y si es así cuál es su posición. Esta nueva concesión es otro golpe más para la región y otro regalo para los inversionistas foráneos, fraguado a hurtadillas.  


martes, 26 de febrero de 2019

Polo oficializó candidatura de Crosthwaite a la Alcaldía de Pereira


Este lunes se reunió el Ejecutivo Municipal del Polo Democrático y con votación unánime aprobó la candidatura del concejal Carlos Alfredo Crosthwaite a la Alcaldía de Pereira, dejando abierta la posibilidad para la coalición que se gesta a nivel nacional con los demás partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y organizaciones sociales que son alternativa.

En la carta de presentación de su aspiración Crosthwaite reiteró su propuesta basada en un accionar ético y de carácter solidario, con directrices democráticas, con respeto por los Derechos Humanos, en procura de derrotar la inequidad que sufre la sociedad como consecuencia de un modelo económico infame y en practicar un ejercicio administrativo con responsabilidad para lograr un uso correcto de los recursos.

Crosthwaite recalcó en la necesidad de propiciar mecanismos para lograr aliviar las altas tasas de impuestos de Predial y de Industria y Comercio que no se compadecen con los ingresos de los pereiranos, pues son las más altas en el país y han conducido a una cartera impagable, que la Administración actual, ni las anteriores, se han mostrado interesadas en solucionar.

El candidato insistió en un ejercicio administrativo con trasparencia total, de cara a la ciudadanía mediante todos los mecanismos de Ley como las consultas previas, las audiencias públicas, los cabildos abiertos, los encuentros sociales; la inclusión de una ciudadanía activa en las decisiones, en la recuperación del civismo pereirano y su sentir frente a lo público, una actitud comprometida frente a la informalidad que somete a los ciudadanos y que es ignorada por la dirigencia política.

Se comprometió a asumir una verdadera responsabilidad social con las comunidades discriminadas por los mal llamados “estratos socioeconómicos” catalogadas políticamente en razón a los resultados electorales, a erradicar el favoritismo y el mercadeo de lo público al conformar su administración con verdaderos méritos, a garantizar la seguridad de la ciudad por medio de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, el empleo del tiempo libre y las oportunidades y no con medidas represivas y a elaborar un Programa de Gobierno totalmente participativo que obedezca a la situación social de los habitantes y no a los intereses particulares de unos cuantos, como ha sido siempre. 

Crosthwaite puso como garantía sus principios humanos, familiares, cívicos y administrativos que lo han caracterizado en un largo trasegar de su vida en la ciudad de Pereira y de la que dan testimonio sus ya conocidas luchas en defensa del bien común, referente de su comportamiento humano y cívico.

viernes, 22 de febrero de 2019

Vigilantes de colegios engañados, sin pago y sin contrato

Veinte personas que se desempeñaban como vigilantes de los colegios públicos fueron engañados por la administración del alcalde Gallo y hoy no tienen cómo sostener a sus familias.
Estas personas que venían desempeñando su labor desde anteriores vigencias laboraron el mes de enero y lo que va corrido de este mes, sin contrato y sin pago, bajo la promesa de que les legalizarían su situación al menos por dos meses inicialmente, pero al día de hoy no recibieron ni sueldo, ni formalización y ni siquiera encontraron sus nombres en la lista de contratos por renovar; lista de nombres que además deben contar con patrocinio de un concejal, diputado, dirigente político u otros traficantes de la función pública.
Además de la ausencia de palabra, de la indiferencia con la dignidad y el derecho al trabajo de estas personas, esta actitud de la Secretaría de Educación de Pereira involucra un procedimiento administrativo que viola de manera flagrante el Estatuto General de Contratación Pública.
Los salarios de estos vigilantes no se compadecen con los que devengan sus superiores, ni con los de otros contratistas que no prestan ninguna función más que la de justificar informes para pasar cuentas de cobro, mientras ellos pasan hambre, caen en manos de agiotistas o mal llamados “Gota-gota” para poder subsistir y en casos extremos se ven obligados a recurrir a opciones como la que tomó recientemente una madre con su hijo en Ibagué.
Desde su posición como opositor a todas estas injusticias e irregularidades administrativas y, atendiendo el desespero de los afectados, el concejal CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE remitió sendas denuncias a la Personería y Contralor Municipales para su respectivo procedimiento.

miércoles, 20 de febrero de 2019

Los enredos de los Duque y su proyecto Tribeca

El proyecto de casas campestres desde 645 millones de pesos para estrato 6 se desarrollará en un
lote que figura a nombre de la madre del concejal Jaime Duque García; sin licencia ya tiene vallas
publicitarias y dejaría sin agua a los habitantes de la vereda Tribunas pues ya existe una restricción
de la CARDER por el agotamiento de los afluentes.

Pereira, febrero de 2019.
Desde hace un tiempo se publicita en las vallas de la ciudad el proyecto urbanístico Tribeca
Townhouse a pesar de no contar aún con la licencia de construcción, pues apenas están en trámite
los documentos para su sala de ventas.
Este proyecto urbanístico no solo carece de los permisos necesarios sino que además se enfrenta a
un agravante ambiental que prohibió otorgar nuevas concesiones de agua para esa zona donde se
desarrollará, en el lote “La Esperanza”, en la vereda Tribunas de Pereira, vía Armenia.
El 11 de noviembre de 2009 las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda, Quindío y Valle
del Cauca y el Sistema de Parques Nacionales firmaron el Acuerdo de Comisión Conjunta No. 007
por medio del cual se declararon agotados los tramos de los ríos Barbas y Cestillal, comprendidos
entre la Franja Hidrográfica del río Barbas (cuenca alta) (…) correspondiente a los puntos de
captación del acueducto Tribunas Córcega, la fuente principal del río Cestillal y sus afluentes
desde su nacimiento, hasta la bocatoma denominada Cestillal Bajo del acueducto Cestillal – El
Diamante, la quebrada El Tesorito; afluente del río Cestillal, ubicada en la cuenca media, las cuales
hacen parte de la cuenca hidrográfica del río La Vieja.
Dicho acuerdo prohibió otorgar nuevas concesiones de agua por parte de las autoridades
ambientales competentes, conforme a su jurisdicción, ni nuevas disponibilidades de acueducto
que impliquen un incremento de los volúmenes de agua actualmente distribuidos por parte de los
operadores o empresas prestadoras del servicio público de acueducto o de las organizaciones
autorizadas para el efecto conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Entre los estudios adelantados en esa época para tomar la medida se determinó que existen
graves condiciones de déficit del recurso, especialmente en los puntos de control
correspondientes a las captaciones Charco Negro-3 y aguas arriba captación ATC-4 del acueducto
Tribunas Córcega, puesto que el caudal disponible es inferior al caudal concesionado, es decir
que la demanda supera la oferta, presentándose un índice de escasez superior al 100% (115% Y
112% respectivamente); situación que es aún más crítica en el río Cestillal, cuyas captaciones
presentan de manera general una demanda alta, superando igualmente la oferta disponible, con
índices de escasez iguales o superiores al 1000/0. Ha transcurrido una década desde la firma del
acuerdo y los entes no solo no han tomado ninguna medida para contrarrestar el agotamiento del
recurso hídrico, sino que han permitido la expansión urbanística.
Y como si fuera poco la violación de estas normas administrativas y ambientales se suma un
presunto tráfico de influencias, pues detrás del proyecto Tribeca Townhouse está involucrada la
madre del concejal Jaime Duque García, quien entre sus funciones tiene la de: “…, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados
a vivienda.”, según el parágrafo 7 del artículo 313 de la Constitución; responsabilidad que le cabe
aunque esta función le haya sido delegada al Alcalde por parte del Concejo.

El proyecto, radicado bajo el número 181446 en la Curaduría Urbana 1, registra como propietaria
del lote “La Esperanza” a la madre del Concejal liberal, junto con el nombre Huber de Jesús Díaz en
la Matrícula Inmobiliaria, y a quienes, vaya sorpresa, les aparece prescita una deuda de Impuesto
Predial, mediante Acta No.19 del 8 de agosto de 2018 por parte de la Alcaldía de Pereira, por 39
millones 272 mil 089 pesos para el apartamento de la madre del Concejal y de 24 millones 110
mil 345 pesos para Díaz por el lote de Tribeca. Favor incompleto por parte del alcalde Juan Pablo
Gallo, pues para el actual periodo de enero a marzo, la deuda del predio “La Esperanza” asciende a
58 millones 155 mil 475 pesos, que seguramente también serán prescritos, mientras al resto de los
ciudadanos les niega la aplicación del descuento del 80% para los intereses de mora que incluye la
Ley de Financiamiento. Por lo menos ya les enviaron la maquinaria pesada y les arreglaron el
acceso a la vía (ADJUNTO FOTO), a diferencia de los demás habitantes del sector rural que se
quedaron esperando los cuatro años para presenciar algo del “CAMBIO”.
La advertencia sobre las irregularidades que rodean este proyecto, que afectaría de manera
alarmante el suministro de agua a los habitantes de la zona de Tribunas Córcega, fue comunicada
ante la Secretaría de Vivienda por parte del concejal CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE sin que haya pronunciamiento o actuación hasta el momento.





miércoles, 13 de febrero de 2019

Justicia amañada



La semana pasada fueron capturados dos ingenieros que habían actuado como contratista e interventor en SERVICIUDAD, quienes en el acta final de una obra liquidaron y pagaron $50 millones de pesos no ejecutados con el propósito de suministrar unos tanques que nunca aparecieron. Ayer el turno fue para el alcalde de Santa Rosa de Cabal, pues supuestamente hace algunos años actuando como contratista del mismo municipio suscribió un contrato por $24 millones para suministrar unos alimentos, los que nunca entregó.

Los despachos de los fiscales en Risaralda están repletos de denuncias contra funcionarios públicos y contratista por violaciones al régimen de contratación pública, donde se han perdido miles de millones de pesos, procesos que no avanzan, muchos de ellos prescriben y otros se refunden en sus archivos. Hay ausencia de justicia en la mayoría de los casos y los procesos se mueven de acuerdo a los intereses políticos de los jefes regionales y otros pocos tienen resultados por presión que se ejerce en Bogotá, con lo cual se logra concluir las investigaciones y ejercer justicia.

El pasado año denuncie en plenaria del Concejo de Pereira y luego ante el señor alcalde Gallo con pruebas contundentes posibles conductas punibles en la ejecución de los contratos Nos 3420 y 3627 de 2016, para el Mejoramiento de la plataforma (Etapa 3) en el Aeropuerto Matecaña. El contrato No 3627 ejecutado por el CONSORCIO INTERVENTORIA MATECAÑA tuvo un valor inicial de $271millones y con dos adiciones su valor definitivo fue de $573 millones, para un aumento del 112% de su costo original.

El plazo de la obra y de la interventoría, pactado en 75 días, tuvo 4 prorrogas con lo que al final resultó de 170 días, con un aumento del 133% en el tiempo de entrega, lo que muestra ausencia del principio de planeación, situación que se presta para todo tipo de abusos y denota ausencia de control por parte de los mandatarios y de los organismos de control, como en casi todos los procesos contractuales del Municipio. La firma interventora presentó una lista de 14 personas para dar cumplimiento a la Planta de Personal Profesional, Técnico y Auxiliar, entre estos la mayoría no demuestran su vinculación al proyecto, pero aparecen relacionados en el acta de pago y con cancelación de parafiscales por firmas y consorcios de Bogotá, Barranquilla y Cartagena, y otros sin pago, lo que demuestra que este personal pertenecía a otras empresas y consorcios, y laboraban en otras ciudades y en otros objetos.

Como si fuera poco la firma interventora modificó a su antojo los salarios del personal profesional y de apoyo, cancelando menos y más valor a unos y otros, demostrando así una flagrante violación al Pliego de Condiciones al variar las condiciones inmodificables que figuran en la propuesta inicial y que se estipula como causal de rechazo de la misma.

Un caso grave y que demuestra la ausencia de control es la del Técnico Néstor Puerta Agudelo quien figura como Maestro de Obra en las obras, sin embargo asegura que no trabajó en esa obra y que a su entender utilizaron su Hoja de Vida de cuando laboró en otra obra del aeropuerto en 2016 para otro contratista.

La Oficina de Carnetización del aeropuerto certificó por escrito que la mayor parte del personal profesional de la firma no aparece registrada en el archivo entre las personas que solicitaron permiso temporal para ingresar a plataforma en desarrollo del Contrato, ni en las anotaciones de los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura del Municipio que tuvieron a cargo el control de esta obra. Y si bien, varios de estos funcionarios no tenían por qué ingresar a la plataforma del aeropuerto, si debían demostrar su figuración en la nómina del Interventor y que efectivamente prestaron sus servicios a este y por consiguiente al objeto contractual, pero no fue así.

Tan grave como la actuación del CONSORCIO INTERVENTORIA MATECAÑA, es la supervisión del contrato por parte de la Secretaria de Infraestructura de Pereira, al certificar el cumplimiento a “satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión, y riesgos profesionales”, cuando las Actas de Consultoría suscritas contienen nombres e identificaciones de los profesionales y técnicos, pero con recibos de cancelación de parafiscales de otras empresas.

Desde mediados del pasado año esta denuncia está radicada en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General, y solo en esta última entidad la investigación avanza y con tropiezos, pues en Infraestructura del municipio no han entregado documentación relativa al contrato. En la reunión que sostuve con el alcalde sobre esta situación poca atención presto. Nuestra justicia es amañada.    

miércoles, 6 de febrero de 2019

Inequidad en el cobro del impuesto predial




Pereira acumuló una deuda impagable de impuesto predial.  Hasta mediados del pasado año la cartera morosa alcanzó los 252 mil 800 millones de pesos, con el agravante de que más de 91 mil millones de pesos corresponden a deudas que superan los cinco años, plazo en el que las mismas prescriben de acuerdo al Estatuto Tributario.
A este respecto el Consejo de Estado ha señalado que: “…se desprende que la obligación de la Administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hizo exigible la obligación, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal”.
Pero la administración no aplica esta disposición y la acción de prescripción se ha vuelto un negocio y favoritismo para personas allegadas a los mandamases de turno. Es el caso, dentro de muchos ejemplos, de dos predios de altísimo costo, situados en sector de Quimbayita, vía a Cerritos, de 38 y 42 hectáreas que fueron objeto de prescripción de impuestos en el año 2016 por valor de 103 y 77 millones de pesos respectivamente o como la prescripción por 39 millones de pesos en impuesto predial que hacienda le otorgó a la mamá de un concejal, en una vivienda estrato 6 en Pinares de San Martín, o la del antiguo edificio del ISS por $236 millones.
Por otro lado, las cifras demuestran que, desde el año 2015, el municipio no recauda más del 60% del valor facturado en cada vigencia, no solo por la ineficacia en el cobro, la corrupción asociada al cobro y reclamación, sino en gran medida al alto costo del impuesto, pues tenemos las más altas tasas del país, aunado a los altos avalúos, y a una permanente actualización de la estratificación que aumenta por esta vía el impuesto predial y el costo de los servicios públicos.
Los pereiranos que trabajan y ahorran para cumplir con sus obligaciones tienen que saber que las administraciones de turno no han tenido como propósito diseñar una estructura de impuestos más equitativa, sino que por el contrario ante el aumento de la cartera y la baja recaudación la solución ha sido el aumento del impuesto a pagar, para que al final paguen los más cumplidos, mientras prescriben y borran impuestos a su conveniencia.
En búsqueda de soluciones para esta alta cartera solicité a mediados de enero a la Administración la prescripción de la deuda mayor a cinco años, como lo contempla el Estatuto Tributario, mediante un derecho de petición que de no ser contestado concurriré a una Acción de Cumplimiento con el fin de que el Juez ordene el cumplimiento de la ley.
Igualmente estoy reclamando a la alcaldía que publicite y de aplicación a la Ley 1943, sancionada el pasado 28 de diciembre, por la cual expidió la Ley de Financiamiento, en la que los artículos 100 y 101 tiene mecanismos que permiten a los deudores morosos de los impuestos territoriales como el predial, vehículos, industria y comercio, y demás, mediante mecanismos sencillos de trámite administrativo obtener rebaja del 80% de los intereses moratorios y multas siempre y cuando cancelen la totalidad del capital antes del 30 de septiembre de 2019.
Se requiere una rebaja de las tasas del impuesto predial, una actualización más eficiente del catastro municipal, pues un predio que cambie de lote a inmueble construido puede durar hasta 10 años para ser incluido en el catastro municipal, mayor eficiencia en el cobro, cero corrupción, todo con el fin de tener un sistema tributario más equitativo. 



Gerencia al garete desde hace meses
Cartel de la conciliación desangra a
Aguas y Aguas.


Un total de 6 mil 124 millones 177 mil 778 pesos ha tenido que desembolsar la empresa Aguas y Aguas de Pereira en 87 en pagos a personas naturales y jurídicas por demandas.

Llama la atención que la mayoría de ellos corresponden a acuerdos conciliatorios con sus trabajadores y en cuanto a los fallos judiciales se evidencia la ilegalidad de la terminación unilateral del contrato sin justa causa, el reconocimiento de beneficios convencionales, solidaridad patronal y contratos realidad.
Lo más grave es que entre estos pagos 20 corresponden a reparación por muerte de trabajadores en ejecución de obras, 7 de ellas en un desprendimiento de tierra.
Entre los pagos figuran 100.743.000 de pesos para el Consorcio Gandini y Orozco, firma que elaboró los diseños para el programa “Todos por el Chocó” y que requirieron reformulación en siete municipios debido a deficiencias encontradas. Por otra parte la empresa se escuda en el derecho a la “Información reservada” (artículo 24 numeral 3 de la Ley 1755) cuando se le pregunta sobre al pago de 554 millones de pesos al abogado Benjamín Herrera Agudelo y sus representados.
Llama la atención que la empresa Aguas y Aguas haya sido sometida a estos desembolsos cuando a su vez se ha valido de la figura de tercerización laboral a través de varias empresas de servicios temporales y  personas naturales entre 2008 y 2017 para cumplir su objeto misional, con verdaderas relaciones laborales, con subordinación, con funciones de obreros, operadores, revisores, instaladores, bocatomeros por término superior a cinco y hasta diez años y no de labores ocasionales, accidentales o transitorias como lo demarca la Ley.
Es más, dichas empresas y personas intermediarias se conformaron para agrupar a las personas que laboraban para la empresa Aguas y Aguas.
La falta de control y el desinterés de los usuarios ha permitido que esta entidad de servicio público se haya convertido en un fortín politiquero al servicio de los negocios personales entre Samy Meregh y el alcalde Juan Pablo Gallo, bajo un manejo irresponsable en su administración, delegando a personas incapaces, sin experiencia en el manejo de una entidad que tiene a cargo la gran responsabilidad de preservar la vida y el bienestar de los ciudadanos mediante el suministro del líquido y la disposición de las aguas residuales.
La corrupción politiquera logró modificar los requisitos para el cargo gerencial con el fin de ubicar a cualquiera que se preste a la celebración de contratos fraudulentos para el desangre de los recursos que con tanto esfuerzo reúnen los ciudadanos mediante el pago mensual de sus facturas.
Tanto así que el último de los gerentes, sin ningún título profesional válido en el país, renunció presionado por la misma corrupción interna y desde hace cuatro meses la empresa Aguas y Aguas se encuentra acéfala en ese cargo.
Actualmente hay en curso 45 demandas laborales cuyas pretensiones ascienden a 12 mil 342 millones 266 mil 430 pesos, incluidas las demandas de extrabajadores de Multiservicios cuya cuantía asciende a 6 mil 044 millones 745 mil 129 pesos.
Esta serie de conciliaciones extrajudiciales evidencia ilegalidad en la contratación laboral y un claro detrimento en el patrimonio de los pereiranos.

viernes, 1 de febrero de 2019

Comunidad pide veeduría
Espacios públicos claman defensor
Junto a la denuncia, la comunidad le solicitó al concejal CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE vigilancia a la expedición de la licencia de construcción que se solicitó en la Curaduría Segunda de la ciudad.


Pereira, enero 30 de 2019
Muy preocupada está la comunidad del barrio Jardín por la pérdida de un terreno que hace parte del espacio público y es un importante corredor ambiental que alimenta la quebrada La Dulcera, donde se construirán 180 unidades residenciales.
El Plan de Ordenamiento Territorial clasificó este terreno ubicado en la calle 16 con la carrera 27 con carácter de reserva natural, con restricciones por alta pendiente que sirve de cauce intermitente para aguas lluvias y de infiltración, sin embargo la comunidad se enteró de que este lote fue ocupado por un vecino que a mediados de los años 1990 logró que un juzgado local le asignara su propiedad, desconociendo el juez su importancia ambiental.
En virtud a la necesidad de la protección que la Constitución y la Ley le brinda a los bienes de uso público como imprescriptibles, inembargables e inmutables, y ante la ausencia de una Administración Municipal que vele por el buen uso y destino de estos importantes bienes el concejal CROSTHWAITE elevó un oficio ante la Personería y la Procuraduría Ambiental y Agraria para la conformación de una veeduría con participación de los vecinos del sector.
Crosthwaite solicita promoción de la norma 

80% de descuento para morosos en impuestos locales


Los contribuyentes que tengan morosidad en el pago de los impuestos municipales o departamentales pueden acceder a un descuento del 80% en sanciones, intereses y actualización.

Así lo contempla la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 o Ley de Financiamiento, con la que el Gobierno Nacional facultó a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para conciliar en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria de acuerdo con su competencia.
Los interesados tienen plazo de presentar la solicitud de conciliación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, hasta el 30 de septiembre de 2019 y el acta para la conciliación deberá suscribirse a más tardar el día 31 de octubre.
Con el fin de que el mayor número de pereiranos se acoja a este beneficio el concejal CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE le solicitó al alcalde municipal, Juan Pablo Gallo, la toma de medidas conducentes para que la norma se publicite y de este modo las arcas de la ciudad comiencen a recuperar la cartera multimillonaria que por impuestos de predial e industria y comercio tiene por cobrar.
La cartera morosa de Pereira se acrecienta de manera exponencial no solo por los altos intereses sino porque el municipio tiene las tasas más altas del país.
Gran parte de la deuda por cobrar tiene más de cinco años, no obstante que la Ley dispone de ese plazo para iniciar y finalizar su cobro y, de no ser así, proceder a su prescripción de oficio o de parte, lo que termina prestándose para concesiones a ciertos personajes poderosos o a maniobras amañadas, violando los principios constitucionales de igualdad, transparencia y publicidad.