La
semana pasada fueron capturados dos ingenieros que habían actuado como
contratista e interventor en SERVICIUDAD, quienes en el acta final de una obra
liquidaron y pagaron $50 millones de pesos no ejecutados con el propósito de
suministrar unos tanques que nunca aparecieron. Ayer el turno fue para el
alcalde de Santa Rosa de Cabal, pues supuestamente hace algunos años actuando
como contratista del mismo municipio suscribió un contrato por $24 millones
para suministrar unos alimentos, los que nunca entregó.
Los
despachos de los fiscales en Risaralda están repletos de denuncias contra
funcionarios públicos y contratista por violaciones al régimen de contratación
pública, donde se han perdido miles de millones de pesos, procesos que no
avanzan, muchos de ellos prescriben y otros se refunden en sus archivos. Hay
ausencia de justicia en la mayoría de los casos y los procesos se mueven de
acuerdo a los intereses políticos de los jefes regionales y otros pocos tienen
resultados por presión que se ejerce en Bogotá, con lo cual se logra concluir
las investigaciones y ejercer justicia.
El
pasado año denuncie en plenaria del Concejo de Pereira y luego ante el señor
alcalde Gallo con pruebas contundentes posibles conductas punibles en la
ejecución de los contratos Nos 3420 y 3627 de 2016, para el Mejoramiento de la
plataforma (Etapa 3) en el Aeropuerto Matecaña. El contrato No 3627 ejecutado por
el CONSORCIO INTERVENTORIA MATECAÑA tuvo un valor inicial de $271millones y con
dos adiciones su valor definitivo fue de $573 millones, para un aumento del
112% de su costo original.
El plazo
de la obra y de la interventoría, pactado en 75 días, tuvo 4 prorrogas con lo
que al final resultó de 170 días, con un aumento del 133% en el tiempo de
entrega, lo que muestra ausencia del principio de planeación, situación que se
presta para todo tipo de abusos y denota ausencia de control por parte de los
mandatarios y de los organismos de control, como en casi todos los procesos
contractuales del Municipio. La firma interventora presentó una lista de 14
personas para dar cumplimiento a la Planta de Personal Profesional, Técnico y
Auxiliar, entre estos la mayoría no demuestran su vinculación al proyecto, pero
aparecen relacionados en el acta de pago y con cancelación de parafiscales por
firmas y consorcios de Bogotá, Barranquilla y Cartagena, y otros sin pago, lo
que demuestra que este personal pertenecía a otras empresas y consorcios, y
laboraban en otras ciudades y en otros objetos.
Como si
fuera poco la firma interventora modificó a su antojo los salarios del personal
profesional y de apoyo, cancelando menos y más valor a unos y otros,
demostrando así una flagrante violación al Pliego de Condiciones al variar las
condiciones inmodificables que figuran en la propuesta inicial y que se
estipula como causal de rechazo de la misma.
Un caso
grave y que demuestra la ausencia de control es la del Técnico Néstor Puerta Agudelo quien figura como
Maestro de Obra en las obras, sin embargo asegura que no trabajó en esa obra y que a su entender utilizaron su
Hoja de Vida de cuando laboró en otra obra del aeropuerto en 2016 para otro
contratista.
La Oficina de Carnetización del aeropuerto
certificó por escrito que la mayor parte del personal profesional de la firma no aparece
registrada en el archivo entre las personas que solicitaron permiso temporal
para ingresar a plataforma en desarrollo del Contrato, ni en las anotaciones de
los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura del Municipio que tuvieron
a cargo el control de esta obra. Y si bien, varios de estos funcionarios no
tenían por qué ingresar a la plataforma del aeropuerto, si debían demostrar su
figuración en la nómina del Interventor y que efectivamente prestaron sus
servicios a este y por consiguiente al objeto contractual, pero no fue así.
Tan grave como la actuación del CONSORCIO INTERVENTORIA
MATECAÑA, es la supervisión del contrato por parte de la Secretaria de
Infraestructura de Pereira, al certificar el cumplimiento a “satisfacción con
el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las
obligaciones parafiscales, salud, pensión, y riesgos profesionales”, cuando las
Actas de Consultoría suscritas contienen nombres e identificaciones de los
profesionales y técnicos, pero con recibos de cancelación de parafiscales de
otras empresas.
Desde mediados del pasado año esta denuncia está
radicada en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General, y solo en esta última
entidad la investigación avanza y con tropiezos, pues en Infraestructura del
municipio no han entregado documentación relativa al contrato. En la reunión
que sostuve con el alcalde sobre esta situación poca atención presto. Nuestra
justicia es amañada.

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