miércoles, 13 de febrero de 2019

Justicia amañada



La semana pasada fueron capturados dos ingenieros que habían actuado como contratista e interventor en SERVICIUDAD, quienes en el acta final de una obra liquidaron y pagaron $50 millones de pesos no ejecutados con el propósito de suministrar unos tanques que nunca aparecieron. Ayer el turno fue para el alcalde de Santa Rosa de Cabal, pues supuestamente hace algunos años actuando como contratista del mismo municipio suscribió un contrato por $24 millones para suministrar unos alimentos, los que nunca entregó.

Los despachos de los fiscales en Risaralda están repletos de denuncias contra funcionarios públicos y contratista por violaciones al régimen de contratación pública, donde se han perdido miles de millones de pesos, procesos que no avanzan, muchos de ellos prescriben y otros se refunden en sus archivos. Hay ausencia de justicia en la mayoría de los casos y los procesos se mueven de acuerdo a los intereses políticos de los jefes regionales y otros pocos tienen resultados por presión que se ejerce en Bogotá, con lo cual se logra concluir las investigaciones y ejercer justicia.

El pasado año denuncie en plenaria del Concejo de Pereira y luego ante el señor alcalde Gallo con pruebas contundentes posibles conductas punibles en la ejecución de los contratos Nos 3420 y 3627 de 2016, para el Mejoramiento de la plataforma (Etapa 3) en el Aeropuerto Matecaña. El contrato No 3627 ejecutado por el CONSORCIO INTERVENTORIA MATECAÑA tuvo un valor inicial de $271millones y con dos adiciones su valor definitivo fue de $573 millones, para un aumento del 112% de su costo original.

El plazo de la obra y de la interventoría, pactado en 75 días, tuvo 4 prorrogas con lo que al final resultó de 170 días, con un aumento del 133% en el tiempo de entrega, lo que muestra ausencia del principio de planeación, situación que se presta para todo tipo de abusos y denota ausencia de control por parte de los mandatarios y de los organismos de control, como en casi todos los procesos contractuales del Municipio. La firma interventora presentó una lista de 14 personas para dar cumplimiento a la Planta de Personal Profesional, Técnico y Auxiliar, entre estos la mayoría no demuestran su vinculación al proyecto, pero aparecen relacionados en el acta de pago y con cancelación de parafiscales por firmas y consorcios de Bogotá, Barranquilla y Cartagena, y otros sin pago, lo que demuestra que este personal pertenecía a otras empresas y consorcios, y laboraban en otras ciudades y en otros objetos.

Como si fuera poco la firma interventora modificó a su antojo los salarios del personal profesional y de apoyo, cancelando menos y más valor a unos y otros, demostrando así una flagrante violación al Pliego de Condiciones al variar las condiciones inmodificables que figuran en la propuesta inicial y que se estipula como causal de rechazo de la misma.

Un caso grave y que demuestra la ausencia de control es la del Técnico Néstor Puerta Agudelo quien figura como Maestro de Obra en las obras, sin embargo asegura que no trabajó en esa obra y que a su entender utilizaron su Hoja de Vida de cuando laboró en otra obra del aeropuerto en 2016 para otro contratista.

La Oficina de Carnetización del aeropuerto certificó por escrito que la mayor parte del personal profesional de la firma no aparece registrada en el archivo entre las personas que solicitaron permiso temporal para ingresar a plataforma en desarrollo del Contrato, ni en las anotaciones de los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura del Municipio que tuvieron a cargo el control de esta obra. Y si bien, varios de estos funcionarios no tenían por qué ingresar a la plataforma del aeropuerto, si debían demostrar su figuración en la nómina del Interventor y que efectivamente prestaron sus servicios a este y por consiguiente al objeto contractual, pero no fue así.

Tan grave como la actuación del CONSORCIO INTERVENTORIA MATECAÑA, es la supervisión del contrato por parte de la Secretaria de Infraestructura de Pereira, al certificar el cumplimiento a “satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión, y riesgos profesionales”, cuando las Actas de Consultoría suscritas contienen nombres e identificaciones de los profesionales y técnicos, pero con recibos de cancelación de parafiscales de otras empresas.

Desde mediados del pasado año esta denuncia está radicada en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General, y solo en esta última entidad la investigación avanza y con tropiezos, pues en Infraestructura del municipio no han entregado documentación relativa al contrato. En la reunión que sostuve con el alcalde sobre esta situación poca atención presto. Nuestra justicia es amañada.    

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