lunes, 29 de abril de 2019

Ausencia de una política por la dignidad de los ciudadanos



Niños y niñas inmersos en problemas psicosociales que derivan en el suicidio como ocurrió en el Instituto Técnico Superior, algunos con mejor suerte se ven obligados a permanecer hasta dos semanas en un centro de atención a la espera de intervención especializada, la depresión toca incluso a los trabajadores del sector público, los sectores bajos pagan las consecuencias de una situación social que obliga a la desintegración de las familias, padres que abandonan sus hogares en busca de mejorar sus ingresos en otras latitudes y menores que quedan a merced de terceros, propensos a toda clase de vulneraciones y falencias.

¿Qué pasó con la ciudad de las Puertas Abiertas?

Andenes convertidos en dormitorios de personas que soportan las inclemencias del tiempo y el rechazo de la gente, que duermen y mueren ante la vista indolente de todos, víctimas condenadas de la drogadicción que sobreviven a merced de la buena voluntad de algunos y pese a la ausencia total de autoridad de la administración municipal.

En la ciudad no hay una política social encaminada a poner en práctica proyectos que mitiguen esta situación que se volvió paisaje, que nos afecta a todos, no hay quien reincorpore a estas personas con unos niveles mínimos de asistencia, que le brinde ayuda a nuestros ciudadanos desde su formación básica porque ni siquiera previene la deserción escolar y mucho menos abarca la cobertura de alimentación.

Ni hablar de los servicios de salud porque no hay efectividad por parte del Gobierno, tampoco interés en ayudar a la comunidad, ningún beneficio que supere los contentillos politiqueros en épocas electorales, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos aporta con puntualidad sus contribuciones de Ley para el sostenimiento del aparato estatal.

No menos de cuatro inmuebles que albergan instituciones educativas públicas han sido cerradas en lo corrido del año por amenaza de ruina, no obstante que la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes en su artículo 54 estableció que “a las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizada en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, … en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley”. No obstante estar nuestra ciudad en zona de riesgo sísmico alto esta disposición se incumplió, y por consiguiente nuestros niños corren grave riesgo ante la ocurrencia de un sismo como los ocurridos en 1979, 1995 o 1999. Ahora el turno es para el Instituto Kennedy con 1750 estudiantes. 

Los pereiranos construimos una ciudad con un patrimonio autosostenible, que en un abrir y cerrar de ojos, se fue quedando en manos de unos pocos que disfrutan de enormes sumas de dinero como producto de sus utilidades y a costa de elevados cobros por impuestos y servicios, estamos llenos de servidores públicos como los miembros de la familia Ambuila. No nos damos cuenta, pero ¡nos están explotando!, y ¡no existe política social que dignifique la existencia de muchos ciudadanos!

Todos los que vivimos en Pereira, los que la queremos porque en ella nos realizamos como seres humanos debemos tomar conciencia para frenar la corrupción que es la tranca para el avance de una ciudad emprendedora y pujante como siempre la hemos concebido.

¿Nómina paralela o promoción de candidatura?


La semana pasada la Procuraduría General de la Nación informó sobre la existencia de más de 1100 contratos de prestación de servicios en la Gobernación del Valle, entidad con una planta de empleados de 1019 funcionarios.
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En ese sentido, en Pereira están dadas las condiciones para abrir un proceso bajo la misma lupa ya que durante el año 2018, consultado el SECOP, la Alcaldía de Pereira suscribió 3993 contratos de prestación de servicios mediante contratación directa por un valor de $81.497 millones. En 2017 fueron 3531 contratos por $93.084 millones y en 2016 3328 contratos por $77.049 millones. Para este año, con corte al 19 de abril, los contratos celebrados van en 2637 por valor de $15.243 millones.

Es importante anotar que en esta ciudad los contratos se hacen por un plazo de ejecución no mayor a 3 meses con el fin de garantizar que el contratista renueve su lealtad al concejal o diputado que lo avala, igualmente la nómina del municipio de Pereira está conformada por 48 trabajadores oficiales pertenecientes a la Sinfónica de Pereira, 253 trabajadores oficiales y 498 empleados públicos para un total de 799 empleados. Por lo anterior, el número de contratistas es casi 4 veces mayor a la nómina oficial.

Sin embargo, la situación no para allí por lo que se hace necesario realizar una comparación entre el costo de la nómina del Municipio y el valor de los contratos: en 2016 los gastos de funcionamiento del Municipio ascendieron a $82.784.5 millones mientras en ese mismo año los contratos se dieron por $77.049 millones; para el 2017 los gastos fueron de $99.414.8 millones mientras los contratos celebrados fueron por $93.084 millones y en 2018 los gastos totales de funcionamiento representaron $115.142 millones mientras los contratos ascendieron a $81.497 millones.

Quiere decir que en 2016 el monto de los contratos de prestación de servicios equivalió al 93% de los gastos de funcionamiento, en 2017 al 94% y en 2018 al 70% lo que demuestra el exceso de recursos que mediante la excepción a la norma, como lo es la contratación directa, se hacen a través de este mecanismo generando lo que aparentemente podría ser una nómina paralela.

Es de resaltar que Pereira carece de una política pública al servicio del ciudadano que prevenga situaciones lamentables como los recientes suicidios e intentos en la población escolar, sin psicólogos o psiquiatras a disposición; las calles inundadas de indigentes, niños, personas de la tercera edad que mueren a la vista de todos, sin personal especializado ni albergues para su atención; con los indicadores más altos en el país en el consumo de heroína y sustancias psicoactivas en general, con las instituciones educativas clausuradas por mal estado.

¿Estamos ante una nómina paralela o contratación para promover y financiar candidatura?
No es secreto que aquí se estila el sometimiento de los contratistas a merced de quienes ostentan el poder para que su maquinaria se perpetúe, es imperativo el aval de un concejal, diputado o político para aspirar a un contrato en la administración pública, una “lealtad” que vulnera los derechos de los ciudadanos y promueve la famosa coima en pro de las campañas electorales que perpetúan las maquinarías en el poder con los recursos públicos y el enriquecimiento inescrupuloso con el yugo de la gente.

Cabe decir que ante esta problemática le he solicitado al Procurador General de la Nación que investigue y tome prontas acciones frente a los hechos que desangran los recursos de nuestra ciudad y denigran a los trabajadores y contratistas oficiales.

Los cobros de ATESA por servicios que no presta


Son incontables las quejas del cobro por aseo, barrido y mantenimiento de vías y áreas públicas, sin que el servicio se preste y especialmente en la zona rural de Pereira.
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Foto: El Expreso

Como desde hace años lo ha venido denunciando, el concejal CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE, elevó una solicitud ante las autoridades para revisar el incumplimiento de las normas por parte de ATESA DE OCCIDENTE que, en su posición dominante, continúa abusando de los usuarios con el cobro de servicios no prestados, o la totalidad de ellos cuando solamente hace recolección de basuras.

Como ya ha demostrado el Concejal en anteriores debates, el más reciente el pasado 28 de noviembre en Comisión Segunda, la empresa presenta incongruencias en la estratificación, copiada del catastro de la Empresa de Energía cuya cobertura sí es mayor a la de ATESA y no brinda respuestas efectivas a los ciudadanos sobre la aplicación de la tarifa tal como lo denunció el señor Ricardo Mora en dicha sesión. Del mismo modo se incumple con el propósito del Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso, pues cobra $68 de cada $100 de los aportes que el 98% de los usuarios paga puntualmente con esfuerzo, pero sin retribución alguna, con tarifas cada vez más crecientes.

La Secretaría de Hacienda no se pronuncia, los organismos de control hacen caso omiso y gran parte de la ciudadanía no se queja porque desconoce el funcionamiento y la reglamentación, pero a corto plazo el daño que se hace al desarrollo de la ciudad es gravísimo porque este proceder de ATESA, sumado al reciente desmote de los subsidios de energía, presiona el bolsillo de los pereiranos, afecta la capacidad de pago, disminuye el consumo de servicios y por supuesto se estanca la economía.