lunes, 29 de abril de 2019

Ausencia de una política por la dignidad de los ciudadanos



Niños y niñas inmersos en problemas psicosociales que derivan en el suicidio como ocurrió en el Instituto Técnico Superior, algunos con mejor suerte se ven obligados a permanecer hasta dos semanas en un centro de atención a la espera de intervención especializada, la depresión toca incluso a los trabajadores del sector público, los sectores bajos pagan las consecuencias de una situación social que obliga a la desintegración de las familias, padres que abandonan sus hogares en busca de mejorar sus ingresos en otras latitudes y menores que quedan a merced de terceros, propensos a toda clase de vulneraciones y falencias.

¿Qué pasó con la ciudad de las Puertas Abiertas?

Andenes convertidos en dormitorios de personas que soportan las inclemencias del tiempo y el rechazo de la gente, que duermen y mueren ante la vista indolente de todos, víctimas condenadas de la drogadicción que sobreviven a merced de la buena voluntad de algunos y pese a la ausencia total de autoridad de la administración municipal.

En la ciudad no hay una política social encaminada a poner en práctica proyectos que mitiguen esta situación que se volvió paisaje, que nos afecta a todos, no hay quien reincorpore a estas personas con unos niveles mínimos de asistencia, que le brinde ayuda a nuestros ciudadanos desde su formación básica porque ni siquiera previene la deserción escolar y mucho menos abarca la cobertura de alimentación.

Ni hablar de los servicios de salud porque no hay efectividad por parte del Gobierno, tampoco interés en ayudar a la comunidad, ningún beneficio que supere los contentillos politiqueros en épocas electorales, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos aporta con puntualidad sus contribuciones de Ley para el sostenimiento del aparato estatal.

No menos de cuatro inmuebles que albergan instituciones educativas públicas han sido cerradas en lo corrido del año por amenaza de ruina, no obstante que la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes en su artículo 54 estableció que “a las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizada en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, … en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley”. No obstante estar nuestra ciudad en zona de riesgo sísmico alto esta disposición se incumplió, y por consiguiente nuestros niños corren grave riesgo ante la ocurrencia de un sismo como los ocurridos en 1979, 1995 o 1999. Ahora el turno es para el Instituto Kennedy con 1750 estudiantes. 

Los pereiranos construimos una ciudad con un patrimonio autosostenible, que en un abrir y cerrar de ojos, se fue quedando en manos de unos pocos que disfrutan de enormes sumas de dinero como producto de sus utilidades y a costa de elevados cobros por impuestos y servicios, estamos llenos de servidores públicos como los miembros de la familia Ambuila. No nos damos cuenta, pero ¡nos están explotando!, y ¡no existe política social que dignifique la existencia de muchos ciudadanos!

Todos los que vivimos en Pereira, los que la queremos porque en ella nos realizamos como seres humanos debemos tomar conciencia para frenar la corrupción que es la tranca para el avance de una ciudad emprendedora y pujante como siempre la hemos concebido.

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