Niños y niñas inmersos en
problemas psicosociales que derivan en el suicidio como ocurrió en el Instituto
Técnico Superior, algunos con mejor suerte se ven obligados a permanecer hasta dos
semanas en un centro de atención a la espera de intervención especializada, la
depresión toca incluso a los trabajadores del sector público, los sectores
bajos pagan las consecuencias de una situación social que obliga a la
desintegración de las familias, padres que abandonan sus hogares en busca de
mejorar sus ingresos en otras latitudes y menores que quedan a merced de
terceros, propensos a toda clase de vulneraciones y falencias.
¿Qué pasó con la ciudad de las
Puertas Abiertas?
Andenes convertidos en
dormitorios de personas que soportan las inclemencias del tiempo y el rechazo
de la gente, que duermen y mueren ante la vista indolente de todos, víctimas
condenadas de la drogadicción que sobreviven a merced de la buena voluntad de
algunos y pese a la ausencia total de autoridad de la administración municipal.
En la ciudad no hay una política social
encaminada a poner en práctica proyectos que mitiguen esta situación que se
volvió paisaje, que nos afecta a todos, no hay quien reincorpore a estas
personas con unos niveles mínimos de asistencia, que le brinde ayuda a nuestros
ciudadanos desde su formación básica porque ni siquiera previene la deserción
escolar y mucho menos abarca la cobertura de alimentación.
Ni hablar de los servicios de
salud porque no hay efectividad por parte del Gobierno, tampoco interés en
ayudar a la comunidad, ningún beneficio que supere los contentillos
politiqueros en épocas electorales, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos
aporta con puntualidad sus contribuciones de Ley para el sostenimiento del
aparato estatal.
No menos de cuatro inmuebles que
albergan instituciones educativas públicas han sido cerradas en lo corrido del
año por amenaza de ruina, no obstante que la Ley 400 de 1997 sobre
construcciones sismo resistentes en su artículo 54 estableció que “a las
construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones
indispensables y de atención a la comunidad, localizada en zonas de amenaza
sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, … en
un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la
presente Ley”. No obstante estar nuestra ciudad en zona de riesgo sísmico alto
esta disposición se incumplió, y por consiguiente nuestros niños corren grave
riesgo ante la ocurrencia de un sismo como los ocurridos en 1979, 1995 o 1999.
Ahora el turno es para el Instituto Kennedy con 1750 estudiantes.
Los pereiranos construimos una
ciudad con un patrimonio autosostenible, que en un abrir y cerrar de ojos, se
fue quedando en manos de unos pocos que disfrutan de enormes sumas de dinero
como producto de sus utilidades y a costa de elevados cobros por impuestos y
servicios, estamos llenos de servidores públicos como los miembros de la
familia Ambuila. No nos damos cuenta, pero ¡nos están explotando!, y ¡no existe
política social que dignifique la existencia de muchos ciudadanos!
Todos los que vivimos en Pereira,
los que la queremos porque en ella nos realizamos como seres humanos debemos
tomar conciencia para frenar la corrupción que es la tranca para el avance de
una ciudad emprendedora y pujante como siempre la hemos concebido.

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