viernes, 29 de marzo de 2019

Con la energía privatizada los usuarios necesitan un alcalde que los defienda


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

La defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios es una de las tareas más valiosas que tiene por ejecutar un mandatario. Hasta 1994 la energía eléctrica fue un servicio público esencial a cargo del Estado, pero la Ley 142 estableció que podía ser prestado por agentes privados, junto con los de acueducto, alcantarillado y aseo, y sus marcos regulatorios se diseñaron para garantizar tasa máxima de ganancia a las empresas prestadoras, o sea para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Pese a todas las advertencias y los esfuerzos de la oposición, la clase política ha venido privatizando las empresas prestadoras, y haciéndole creer a los ciudadanos que la Superintendencia de Servicios Públicos haría control y defensa del usuario, pero la realidad ha demostrado que se trata de un órgano burocrático dispuesto al servicio de los grandes agentes económicos que con sus fauces devoran todo a su alrededor.

Los pereiranos, como el resto de colombianos, afrontan año tras año aumentos desaforados en las facturas de energía, así como en los demás servicios públicos, entre enero y febrero en esta ciudad la tarifa del kilovatio de energía consumida aumentó $33,38 o sea del 6,5% en un solo mes, mientras que la empresa reportó la semana pasada utilidades por 29 mil millones de pesos, siendo el negocio en Pereira con más ganancias a costa del patrimonio público.

Estas utilidades que no se compadecen con los esfuerzos que los usuarios deben hacer para pagar a tiempo, son producto de las altas tarifas por kilovatio consumido, cambios permanentes de medidores y altos costos de corte y reconexión que lesionan de manera grave al sector productivo, que buscando energía más barata se trasladan a ciudades más competitivas o en muchos casos cerrando las empresas y fortaleciendo las importaciones, destruyendo puestos de trabajo.

Como si fuera poco el plan de Desarrollo del gobierno de Duque trae un nuevo impuesto para los colombianos con el cual pretende que paguemos los saqueos que los corruptos nacionales y españoles hicieron en Electricaribe. Este consiste en el pago de una sobretasa de $4 por kilovatio de energía consumida que cancelarían los estratos 4, 5, 6, industria, comercio y no regulados. Con este recurso que son aproximadamente $180 mil millones por año se capitalizaría el Fondo Empresarial de la SSPD y de allí saldrían al menos los $1.2 billones para cubrir el pasivo pensional de Electricaribe, deuda que debe asumir el Estado para volver a privatizar la empresa. La sobretasa que nos impondrá el Gobierno Nacional, en Pereira en un solo mes fue 8 veces más, con razón las utilidades reportadas.

En Pereira, el gran negocio con el servicio de energía es para Alberto Ríos Velilla y los condenados por el carrusel de las contrataciones los hermanos Nule, propietarios del 49% de las acciones bajo la indiferencia del Alcalde de turno que no interviene en la Junta Directiva, ni tiene voz, ni voto, ni carácter para defender el 51% accionario del Municipio, ni deseo de defender a los usuarios.

El carácter privado prevalece sobre el patrimonio público y cualquiera que se atreva a ejercer algún tipo de control es silenciado por los apoderados de la parte privada. Es así como la Contraloría Municipal y en mi propio caso, cuando hemos intentado adelantar algún tipo de indagación hemos sido objeto de acciones jurídicas, tutelas e incluso acciones disciplinarias.

Me opuse como concejal a la transformación de las antiguas empresas públicas hace 23 años bajo la alcaldía de Juan Manuel Arango, alerte los daños que causaría a los pereiranos la privatización de Enerpereira hace 11 años en la administración de Israel Londoño y hoy propongo una administración que por fin esté de parte de los usuarios, que busque alternativas en el sector energético no regulados para el sector industrial, que diseñe alternativas para optimizar el consumo en los hogares mediante visitas, instrucciones, medidas de prevención, adecuaciones y por supuesto comenzar a implementar modelos exitosos de energías renovables como ya lo han hecho en otras latitudes. Y ante todo poniéndonos la camiseta de los ciudadanos.

miércoles, 20 de marzo de 2019

Por una función pública transparente


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro.

La función pública, según principios constitucionales debe ejercerse en igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. No obstante este mandato, el servicio público está hoy plagado de debilidades, no hay respeto y acatamiento a estos principios, la primera transgresión se comete desde la misma designación del funcionario, donde se volvió norma posesionar sin el cumplimiento de los requisitos, pero ajustados luego al acomodo de las conveniencias y vulnerando de paso los derechos de los funcionarios de carrera administrativa y de los demás ciudadanos.

Los partidos se llenaron de competidores de ascensos inmediatos con salarios altísimos, impensables para una ciudad donde impera el rebusque sobre el salario mínimo y, lo más grave, sin méritos. Y mientras los recomendados políticos se ponen altos honorarios por administrar, los profesionales que ejecutan deben someterse a las reglas que sobrepasan la complicidad y el sometimiento.

También se volvió regla en la administración pública la creación de cargos para amigos y cómplices del mandatario de turno o la designación de personas en provisionalidad con el fin de sostener cuotas políticas, más no para ejercer una verdadera carrera administrativa, bajo las reglas de Ley. Basta con mirar los personajes que controlan desde afuera despachos o entidades descentralizadas, cómo se benefician y en qué partidos militaron, que - sin distingo de ideología o posición política, porque no la tienen, son solo negociantes de recolección de firmas – obtienen ganancias de nuestro patrimonio aún estando aparentemente fuera del ejercicio.

Pereira tolera una pésima administración pública, se puede ver en muchas de sus dependencias, como en el Instituto de Movilidad o en Aguas y Aguas, entre otros, donde ya se ha demostrado cómo saquean los dineros recaudados por concepto de los servicios que prestan con altísimas tarifas. En Aguas y Aguas hemos venido denunciando, entre otras modalidades de saqueo del patrimonio público, la conciliación de demandas por actos administrativos ilegales, que se volvió regla, o las conciliaciones con altos funcionarios reconociéndoles de manera directa centenares de millones de pesos por beneficios convencionales, donde estos ejecutivos se hacen indemnizar con la complacencia de sí mismos, lo más grave incluso, valiéndose de la Convención Colectiva del Trabajo para sus propósitos. 

El caso más reciente en esta modalidad es el de la Subgerente Administrativa Financiera que se hizo liquidar una indemnización por 151 millones de pesos, con su firma en el certificado presupuestal y con su compañero sentimental en el Comité que le aprobó el beneficio, sin declaratoria de impedimento. Como está demostrado que no existen acciones de repetición contra los funcionarios que con su proceder vienen causando estos multimillonarios daños patrimoniales a la empresa solicité al alcalde Juan Pablo Gallo mediante Derecho de Petición informar sobre las acciones que hubiere tomado sobre estas denuncias que he venido haciendo en el ejercicio del control político que me encomendaron los pereiranos, por una gran mayoría como consta en la Registraduría, desde el Concejo Municipal.

“NO (en mayúscula sostenida) corresponde a la Junta Directiva ni a su Presidente (o sea él, el Alcalde) como función estatutaria, hacer directamente seguimiento y vigilancia al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, pues el Decreto 1069 de 2015 multicitado, le asigna al Director de la Oficina de Control Interno, …”, es un aparte de la respuesta que el alcalde me dio, o sea que ni la junta ni su Presidente controlan, ni vigilan y mucho menos indagan; con razón afirman que esta empresa fue entregada para su uso, goce y disfrute al matrimonio Salazar-Noreña como pago por su respaldo en la pasada campaña.

A Pereira le hace falta un Alcalde que controle y vigile la función pública y, que como presidente de la junta directiva de Aguas y Aguas, defienda lo último que nos queda de patrimonio público, pues la conducen a su privatización.



En Pereira se requiere transparencia


Carlos Alfredo Crosthwaite F.


Durante el primer semestre del año pasado se desató un debate en el país sobre la importación de dos jirafas para el BIOPARQUE UKUMARI desde México en calidad de donación, hubo infinidad de opiniones encontradas, unas a favor otras en contra y más en estos tiempos donde la sociedad ha tomado más conciencia sobre los derechos de los animales, validados por la Organización de las Naciones Unidas. Pocos meses después, al parecer el tiempo le dio la razón a quienes se opusieron a esa colosal tarea por el desenlace trágico que todos ya conocemos: la muerte de la hembra.

Como el Gobierno Nacional hizo oídos sordos a la petición del alcalde Gallo para trasladar las jirafas en un avión de la Fuerza Aérea, el alcalde informó a la opinión pública, a través de los medios de comunicación locales y nacionales, que el traslado desde México a esta capital costaría 180 millones de pesos, recursos que se recaudarían a través de una colecta, aprovechando el civismo que ha caracterizado a los pereiranos.

Pero la verdad es otra, el parque UKUMARI celebró al menos dos contratos para este traslado, el primero de ellos por un valor de 58 millones de pesos, con el señor ARMANDO SANTAMARIA CRUZ para la “Prestación de servicios de agencia de carga y transporte aéreo internacional como intermediario para el traslado de dos jirafas desde México D.F. hasta la ciudad de Cali-Colombia”,  y el segundo por un valor de 600 millones de pesos con el propietario del parque Africam Safari, el ciudadano mexicano GREGORY ATILA CAMACHO WARDLE por la “Prestación de servicios para el acompañamiento especializado al equipo técnico biológico de Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S. en la logística, traslado y manejo de las jirafas hacia el Bioparque Ukumarí”, lo que deja entrever que falta a la verdad el alcalde Juan Pablo Gallo cuando aseguró por todos los medios que esas jirafas no tendrían ningún costo porque se trataba de una donación que el parque Africam Safari, de Puebla, México le hacía a la ciudad de Pereira.

A la fecha desconocemos el costo del traslado de las jirafas desde Cali hasta Pereira, ni cuánto recolectó el municipio con la “vaca” a la que convocó a los pereiranos, y que otros gastos se hicieron en esta tarea, pero a raíz de esta denuncia han surgido comentarios que la cuenta puede ser mucho mayor. También se habla de una situación de incertidumbre sobre el estado de salud del macho, debido a la falta de compañía de sus congéneres y de su hábitat natural.

Es inconcebible que se derrochen los recursos en unas empresas tan riesgosas, sin ningún tipo de aseguramiento, mientras tenemos cuatro colegios cerrados, deficiencia en la cobertura del programa de alimentación escolar, ancianos muriendo en las calles, pésima atención en salud, desempleo, drogadicción, vías rurales en pésimo estado, entre muchas otras necesidades, indispensables para los pereiranos y que sí hacen parte del verdadero objetivo de la función pública, derrotar la pobreza y la inequidad.

No pretendo desconocer que el Parque temático Ukumarí es una realidad, para mal o para bien involucraron a la ciudad en ese proyecto, con una suma enorme de recursos invertida y es deber de las administraciones convertirlo en un negocio rentable, pero se requiere total transparencia si queremos una sociedad más justa.

jueves, 7 de marzo de 2019

La dictadura de Gallo apropió 99 mil millones sin ningún tipo de control


Esta semana el alcalde Gallo anunció que buscará recursos para la cultura, específicamente para salvar la actividad de La Cuadra, solo para salirle al paso a la indignación que produjo en ese sector su eventual desaparición ante la reducción de aportes. Pero, ¿acaso es una burla o nos cree ignorantes?

En lo que va corrido del año el alcalde incorporó mediante decreto al actual presupuesto $99 mil millones, gracias a que el Concejo Municipal, de manera irresponsable le cede sus funciones. Con la mayor responsabilidad y con toda consciencia es necesario que los pereiranos se cuestionen ¿qué democracia es esta en la que un mandatario convence a los concejales para que lo dejen manejar el dinero público a su antojo sin ningún tipo de control? 

Aclaro que de mi parte voté negativo a la entrega del ejercicio de mis funciones, porque fue el propósito máximo para el que me eligieron: para hacer control del gasto y para exigirle cuentas al Alcalde y a sus funcionarios, pero como la mayoría se acomodó a los intereses del mandatario de turno, es mínimo y prácticamente nulo el ejercicio democrático que se puede hacer en el Concejo. Siento vergüenza de no saber el destino que tendrán esos 99 mil millones de pesos. Y si me preguntan que si puedo al menos controlar en qué se van a gastar debo responder que hare lo posible por indagar y hacer seguimiento a este cuantioso gasto. Y me apena aún más tener que responder entonces ¿para qué sirve el Concejo? Y debo decir que para escuchar a los funcionarios y poder cobrar porque eso parece ser lo único que le interesa a la mayoría de concejales.

La constitución autoriza a los concejos ceder “pro tempore” al alcalde funciones establecidas, pero aquí es de manera permanente, pues también de contera se renuncia a la de “Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”. De nada han servido las luchas de los pueblos y de los trabajadores que desde la Edad Media comprendieron que su participación en el ejercicio del Poder era requisito indispensable para no ser víctima de la opresión fiscal de las monarquías, y de que, a la inversa, su participación en el manejo de los caudales públicos constituía el modo más eficaz de contribuir a la dirección política del Estado.
  
Se podría afirmar que en Pereira el Concejo sobra, se parece más a la cohorte de bufones de un dictador, poco les importa que millones de colombianos que participaron el año pasado en la Consulta Anticorrupción en uno de sus puntos solicitaban: ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Aquí ni siquiera el mismo Concejo decide, pues se despoja de esta obligación. 

Tan grave resulta la ausencia de control por parte del Concejo, como el caos y la corrupción que se vive hoy en varias dependencias de la Administración, como en Aguas y Aguas, o el Instituto de Movilidad, donde los mismos funcionarios denuncian su inoperancia ante el Concejo, pero sin la posibilidad de tomar medidas porque la corporación esta capturada por el Alcalde.

Y como la esperanza es la que nos mantiene vivos, esperemos a que el alcalde Gallo nos anuncie en una de sus “selfies” y con la “transparencia” que lo caracteriza en qué obras de “infraestructura para la competitividad”, cuál “gestión comunitaria y democrática” y la “conservación de cuáles ecosistemas” es que se va a gastar esos 99 mil millones de pesos.