viernes, 29 de marzo de 2019

Con la energía privatizada los usuarios necesitan un alcalde que los defienda


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

La defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios es una de las tareas más valiosas que tiene por ejecutar un mandatario. Hasta 1994 la energía eléctrica fue un servicio público esencial a cargo del Estado, pero la Ley 142 estableció que podía ser prestado por agentes privados, junto con los de acueducto, alcantarillado y aseo, y sus marcos regulatorios se diseñaron para garantizar tasa máxima de ganancia a las empresas prestadoras, o sea para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Pese a todas las advertencias y los esfuerzos de la oposición, la clase política ha venido privatizando las empresas prestadoras, y haciéndole creer a los ciudadanos que la Superintendencia de Servicios Públicos haría control y defensa del usuario, pero la realidad ha demostrado que se trata de un órgano burocrático dispuesto al servicio de los grandes agentes económicos que con sus fauces devoran todo a su alrededor.

Los pereiranos, como el resto de colombianos, afrontan año tras año aumentos desaforados en las facturas de energía, así como en los demás servicios públicos, entre enero y febrero en esta ciudad la tarifa del kilovatio de energía consumida aumentó $33,38 o sea del 6,5% en un solo mes, mientras que la empresa reportó la semana pasada utilidades por 29 mil millones de pesos, siendo el negocio en Pereira con más ganancias a costa del patrimonio público.

Estas utilidades que no se compadecen con los esfuerzos que los usuarios deben hacer para pagar a tiempo, son producto de las altas tarifas por kilovatio consumido, cambios permanentes de medidores y altos costos de corte y reconexión que lesionan de manera grave al sector productivo, que buscando energía más barata se trasladan a ciudades más competitivas o en muchos casos cerrando las empresas y fortaleciendo las importaciones, destruyendo puestos de trabajo.

Como si fuera poco el plan de Desarrollo del gobierno de Duque trae un nuevo impuesto para los colombianos con el cual pretende que paguemos los saqueos que los corruptos nacionales y españoles hicieron en Electricaribe. Este consiste en el pago de una sobretasa de $4 por kilovatio de energía consumida que cancelarían los estratos 4, 5, 6, industria, comercio y no regulados. Con este recurso que son aproximadamente $180 mil millones por año se capitalizaría el Fondo Empresarial de la SSPD y de allí saldrían al menos los $1.2 billones para cubrir el pasivo pensional de Electricaribe, deuda que debe asumir el Estado para volver a privatizar la empresa. La sobretasa que nos impondrá el Gobierno Nacional, en Pereira en un solo mes fue 8 veces más, con razón las utilidades reportadas.

En Pereira, el gran negocio con el servicio de energía es para Alberto Ríos Velilla y los condenados por el carrusel de las contrataciones los hermanos Nule, propietarios del 49% de las acciones bajo la indiferencia del Alcalde de turno que no interviene en la Junta Directiva, ni tiene voz, ni voto, ni carácter para defender el 51% accionario del Municipio, ni deseo de defender a los usuarios.

El carácter privado prevalece sobre el patrimonio público y cualquiera que se atreva a ejercer algún tipo de control es silenciado por los apoderados de la parte privada. Es así como la Contraloría Municipal y en mi propio caso, cuando hemos intentado adelantar algún tipo de indagación hemos sido objeto de acciones jurídicas, tutelas e incluso acciones disciplinarias.

Me opuse como concejal a la transformación de las antiguas empresas públicas hace 23 años bajo la alcaldía de Juan Manuel Arango, alerte los daños que causaría a los pereiranos la privatización de Enerpereira hace 11 años en la administración de Israel Londoño y hoy propongo una administración que por fin esté de parte de los usuarios, que busque alternativas en el sector energético no regulados para el sector industrial, que diseñe alternativas para optimizar el consumo en los hogares mediante visitas, instrucciones, medidas de prevención, adecuaciones y por supuesto comenzar a implementar modelos exitosos de energías renovables como ya lo han hecho en otras latitudes. Y ante todo poniéndonos la camiseta de los ciudadanos.

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