jueves, 16 de mayo de 2019

Una alcaldía al rescate del derecho a una educación de calidad


Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Cada año la revista DINERO difunde un escalafón de las pruebas SABER 11 con base al ICFES de los colegios privados y oficiales del país de los calendarios A, B y semestralizados, donde saca un promedio de los resultados agregados en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. En el 2018 de los 12.701 colegios evaluados el primer colegio oficial de la ciudad es el San Vicente Hogar en el puesto 1110, con un promedio de 60 sobre 100, mientras el primer privado es el Liceo Pino Verde en el puesto 64 con un promedio de 72.46 sobre 100.   

Estamos ante el grave hecho de que la calidad de la educación que reciben nuestros hijos está relacionada con el costo de la matrícula. Pero no tiene por qué ser así. Hasta finales de los años 90 los colegios públicos competían en calidad con los privados, lamentablemente el modelo de privatización en el gobierno de Gaviria, y la exacerbada corrupción han deteriorado la calidad de la instrucción pública y de la infraestructura misma.
Es así que la ciudad afronta una crisis en esta materia, como en casi todos sus indicadores sociales.

Como lo he venido advirtiendo, varios planteles han sido cerrados total o parcialmente y otros, como el Instituto Kennedy se vieron obligados a implantar una especie de pico y placa para turnar las aulas entre sus 1450 estudiantes por días, dejando a los menores sin educación los martes y viernes y los de bachillerato los jueves, exponiendo a los niños a los peligros de la calle, del atropello de los adultos malintencionados y de la delincuencia, a engrosar ese alarmante segundo lugar en consumo de sustancias psicoativas y todo tipo de incumplimiento a las obligaciones constitucionales de los derechos de la niñez.

En visita realizada a las instalaciones del colegio Gabriel Trujillo de Caimalito pude constatar que los niños corren un peligro inminente ante la amenaza de colapso sobre las aulas de un enorme árbol, una viga en voladizo se sostiene de una guadua y la orden de desalojo de la estructura donde funciona la biblioteca. Advertencia que surge de una consultoría adelantada el año pasado, por insistencia de este servidor, a cargo de una firma consultora en los planteles de las I.E. Ernesto Zuluaga, Gabriel Trujillo, Hernando Vélez Marulanda, Luis Carlos González, Pablo Emilio Cardona, Rafael Uribe Uribe sede la Victoria, sobre la vulnerabilidad y reforzamiento estructural para las edificaciones con prioridad de intervención a corto plazo y reportadas por la DIGER. A estos planteles se adicionaron la Carlota Sánchez sede 3, Instituto Kennedy, Alfredo García y Gimnasio Risaralda. De las 11 edificaciones analizadas a 5 se les dio la orden de cierre total o parcial, o sea el 45%. ¿Cómo estarán los demás inmuebles educativos? ¿Qué hallaremos si examinamos las restantes?

Esta grave situación es producto del incumplimiento del municipio de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes, en relación con la evaluación de las edificaciones indispensables, como los centros educativos, donde se dio un plazo de 3 años para evaluar su vulnerabilidad sísmica, y un lapso no mayor a 6 años para intervenir y reforzar estas para llevarlas a un nivel de seguridad equivalente a una edificación nueva. La norma se incumplió y ninguna autoridad ha tomado la decisión de investigar a los alcaldes que infringieron esta disposición.

Causa risa la disposición contenida en el Plan de Desarrollo de involucrar en la educación la inmersión en una segunda lengua y el contraste que se da con la ausencia de las condiciones mínimas para una educación de calidad, donde los niños asisten a planteles en riesgo de colapso en una zona altamente sísmica, con una pésima arquitectura, sin espacios adecuados para deporte y cultura, falta de transporte y con baja cobertura al plan de alimentación escolar porque el dinero de nuestros impuestos se destina a obras no prioritarias en zonas de estrato alto o en proyectos inviables como el parque Ukumari o el proyecto del cable aéreo. Estamos comprometidos en ejercer una alcaldía que rescate el derecho a una educación de calidad, como el principal elemento para derrotar el atraso y la pobreza.


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