Carlos
Alfredo Crosthwaite Ferro
Cada
año la revista DINERO difunde un escalafón de las pruebas SABER 11 con base al
ICFES de los colegios privados y oficiales del país de los calendarios A, B y
semestralizados, donde saca un promedio de los resultados agregados en lectura
crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e
inglés. En el 2018 de los 12.701 colegios evaluados el primer colegio oficial
de la ciudad es el San Vicente Hogar en el puesto 1110, con un promedio de 60
sobre 100, mientras el primer privado es el Liceo Pino Verde en el puesto 64
con un promedio de 72.46 sobre 100.
Estamos
ante el grave hecho de que la calidad de la educación que reciben nuestros
hijos está relacionada con el costo de la matrícula. Pero no tiene por qué ser
así. Hasta finales de los años 90 los colegios públicos competían en calidad
con los privados, lamentablemente el modelo de privatización en el gobierno de
Gaviria, y la exacerbada corrupción han deteriorado la calidad de la
instrucción pública y de la infraestructura misma.
Es
así que la ciudad afronta una crisis en esta materia, como en casi todos sus
indicadores sociales.
Como
lo he venido advirtiendo, varios planteles han sido cerrados total o
parcialmente y otros, como el Instituto Kennedy se vieron obligados a implantar
una especie de pico y placa para turnar las aulas entre sus 1450 estudiantes
por días, dejando a los menores sin educación los martes y viernes y los de
bachillerato los jueves, exponiendo a los niños a los peligros de la calle, del
atropello de los adultos malintencionados y de la delincuencia, a engrosar ese
alarmante segundo lugar en consumo de sustancias psicoativas y todo tipo de
incumplimiento a las obligaciones constitucionales de los derechos de la
niñez.
En visita realizada a las
instalaciones del colegio Gabriel Trujillo de Caimalito pude constatar que los
niños corren un peligro inminente ante la amenaza de colapso sobre las aulas de
un enorme árbol, una viga en voladizo se sostiene de una guadua y la orden de
desalojo de la estructura donde funciona la biblioteca. Advertencia que surge
de una consultoría adelantada el año pasado, por insistencia de este servidor,
a cargo de una firma consultora en los planteles de las I.E. Ernesto Zuluaga,
Gabriel Trujillo, Hernando Vélez Marulanda, Luis Carlos González, Pablo Emilio
Cardona, Rafael Uribe Uribe sede la Victoria, sobre la vulnerabilidad y
reforzamiento estructural para las edificaciones con prioridad de intervención
a corto plazo y reportadas por la DIGER. A estos planteles se adicionaron la
Carlota Sánchez sede 3, Instituto Kennedy, Alfredo García y Gimnasio Risaralda.
De las 11 edificaciones analizadas a 5 se les dio la orden de cierre total o
parcial, o sea el 45%. ¿Cómo estarán los demás inmuebles educativos? ¿Qué
hallaremos si examinamos las restantes?
Esta grave situación es producto del
incumplimiento del municipio de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 400
de 1997 sobre construcciones sismo resistentes, en relación con la evaluación
de las edificaciones indispensables, como los centros educativos, donde se dio
un plazo de 3 años para evaluar su vulnerabilidad sísmica, y un lapso no mayor
a 6 años para intervenir y reforzar estas para llevarlas a un nivel de
seguridad equivalente a una edificación nueva. La norma se incumplió y ninguna
autoridad ha tomado la decisión de investigar a los alcaldes que infringieron
esta disposición.
Causa risa la disposición
contenida en el Plan de Desarrollo de involucrar en la educación la inmersión
en una segunda lengua y el contraste que se da con la ausencia de las
condiciones mínimas para una educación de calidad, donde los niños asisten a
planteles en riesgo de colapso en una zona altamente sísmica, con una pésima
arquitectura, sin espacios adecuados para deporte y cultura, falta de
transporte y con baja cobertura al plan de alimentación escolar porque el
dinero de nuestros impuestos se destina a obras no prioritarias en zonas de
estrato alto o en proyectos inviables como el parque Ukumari o el proyecto del
cable aéreo. Estamos comprometidos en ejercer una alcaldía que rescate el
derecho a una educación de calidad, como el principal elemento para derrotar el
atraso y la pobreza.


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