viernes, 2 de agosto de 2019

Portal de la Villa, una tragedia anunciada

Asistimos a un desastre anunciado: cuatro personas perecieron en el hecho que ocurrió en el
Portal de La Villa, donde hubo un desprendimiento de un talud anunciado desde hace 10 años por
parte de un funcionario de la oficina de Atención y Prevención de Desastres, que en su momento
radicó un informe advirtiendo a los constructores sobre el alto riesgo de ese talud conformado con
llenos y urgiendo sobre la necesidad de hacer obras de confinamiento, a la vista está que esas
obras jamás se hicieron.
 
Lo más grave es que hace cuatro años se elaboró otro documento llamando la atención sobre el
mismo tema preventivo y hace tan solo unos días se insistió en las alertas por parte de los
propietarios y habitantes de ese conjunto residencial, sin que la DIGER monitoreara el
comportamiento del talud para su análisis y evaluación del riesgo, para haber tomado las medidas
de intervención correctiva, y haber evitado la tragedia con una adecuada gestión del riesgo.
 
Este hecho dejó hasta el momento cuatro personas muertas, otras muchas van a perder su
patrimonio, el esfuerzo de años de trabajo pues al menos dos manzanas de esa urbanización
tendrán que ser evacuadas, ¿quién responde? Nadie, porque al final todos eluden la
responsabilidad política, pero ojalá funcione la responsabilidad fiscal, la penal y la disciplinaria,
que es a la que ahora se debe recurrir.
 
Al inicio de esta semana, en el Concejo Municipal, recordé el desastre presentado hace un año en
un talud ubicado en la calle 38 con carrera 5ª, donde se viene adelantando una construcción con
licencia de construcción que no cumple los requisitos de ley, sin que hasta la fecha se haya
ejecutado intervención alguna que permita reducir la amenaza, que hoy persiste y de manera
grave sobre los habitantes ubicados en la zona a lo largo de la Avenida del Río, pues la DIGEP no
tiene la capacidad operativa ni los funcionarios idóneos para tal fin. Esa oficina está a cargo de un
funcionario, buena persona, un joven correcto, pero sin ningún tipo de experiencia y hoy pagamos
las consecuencias.
 
Estos hechos demuestran que no tenemos una dependencia de control físico a la altura de
nuestras obligaciones y mucho menos una cultura del gestión del riesgo como lo establece la Ley
1523 de 2012 por la cual se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, capaz de enfrentar la importante tarea de
una intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase:
mitigación del riesgo y a evitar nuevos riesgos en nuestro territorio.
 
La ausencia de políticas de gestión del riesgo, de oficinas con personal idóneo y con alta
experiencia es uno de los más graves inconvenientes en la función pública que he notado como
concejal: la ausencia total de control político, los concejales nunca piden cuentas, ni cuestionan,
simplemente se dedican a escuchar a los funcionarios y a aplaudir su gestión, y los organismos
creados por la Constitución para ejercer una adecuada vigilancia han sido capturados por la misma
clase política.
 
Según el artículo 14 de la mencionada Ley 1523 son los alcaldes como jefes de la administración
local quienes representan al Sistema Nacional en el municipio, y como conductor del desarrollo
local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
municipio incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres.

Hay que cambiar, pero hay que cambiar de verdad, para mejorar el sistema de escogencia de
funcionarios, poniendo el servicio público al servicio de los ciudadanos y no de la politiquería
tradicional que sigue gobernando, y causando desastres y mayor atraso.

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