miércoles, 30 de enero de 2019


Desprecio por el derecho al trabajo


Se volvió costumbre que, al comienzo del año y más en época preelectoral, deambulen por las entidades públicas centenas y millares de personas, hombres y mujeres de todas las edades, con una Hoja de Vida bajo el brazo aspirando a ser tenidos en cuenta para ejercer una labor para la que se capacitaron, en la que tienen experiencia o simplemente con el fin de prestar su nombre para cobrar por contratos  que no cumplen con función diferente a la de engrosar la corrupción que se impuso como modo de vida en un sector de nuestra sociedad.

Por otra parte es indignante que desde el propio Gobierno se continúe con la práctica de la contratación por prestación de servicios para cargos que exigen funciones permanentes, subordinación y cumplimiento de horario pese a los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, de este modo se obliga a los contratistas al pago de la seguridad social, al pago de estampillas cuyo destino se desvía de su propósito, más las retenciones de ley que al final derivan en salarios de miseria.

Esta rutina no exime ni siquiera a los actuales contratistas de las administraciones y corporaciones públicas que además deben someterse a trabajar sin contraprestación durante los primeros meses de la vigencia con el fin de conservar su contrato, muchos de ellos renovados por término de apenas tres meses y que se convierten en fuente de ingreso de concejales, diputados, dirigentes e incluso comuneros mediante el pago de favores políticos, de cuotas mensuales, de porcentajes con los que se enriquecen, conservan privilegios y se mantienen en el poder.

Existe una evidente situación de vulneración de los derechos de los ciudadanos por parte de la función pública que poco y nada le importa a la sociedad y que por el contrario se cohonesta con ella como excusa a la crisis en las fuentes de empleo.

Cada cuatrienio escuchamos en las campañas las promesas de dignificar el modelo laboral en las entidades del estado sin que ningún dirigente cumpla con una solución a este problema porque los grupos que se conforman para llegar al poder lo hacen llevados por la ambición personal, en búsqueda de sus propios privilegios, burlando la ley para obtener partidas de toda transacción pública y con un claro desprecio por el derecho al trabajo digno de las personas.

Colombia seguirá transitando este camino mientras cada ciudadano no tome conciencia de la violación de sus derechos y no tome decisiones serias a la hora de depositar la administración del bien común en manos de personas honestas.



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