20 años
del terremoto sin avances en prevención y atención de desastres


Ninguna administración municipal ha
avanzado en la ejecución de obras de sismorresistencia para
las edificaciones indispensables para la comunidad, ni siquiera los
estudios han sido actualizados.
Han pasado 20 años desde la tragedia
del terremoto en el Eje Cafetero sin que a la fecha haya avances en la
ejecución de obras de intervención antisísmica en las edificaciones de atención
a la comunidad como es el caso de los centros de salud, hospitales, bomberos o
centros educativos.
Han pasado varios años desde que
muchos ingenieros calculistas y de suelos y la Asociación de Ingenieros
de Risaralda vienen solicitando ante la administración municipal para que se
actualicen los estudios de microzonificación sísmica elaborados durante el
primer Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en el año 2000, entre los
municipios del Área Metropolitana, la CARDER y la Universidad de los Andes, sin
que a la fecha se haya avanzado en lo más mínimo.
En 2013 debió haber quedado lista la
evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las guarderías, escuelas, colegios,
universidades y otros centros de enseñanza y en 2016 debieron haber sido
reforzadas las edificaciones definidas en los estudios de evaluación y, pese a
las promesas de todas las administraciones municipales, incluida la actual,
apenas hasta hoy se está interviniendo el colector Egoyá, proyecto congelado
desde 1995.
“A las
construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones
indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de
amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad
sísmica, de acuerdo con los procedimientos que habrá de incluir el Título A de
la reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir
de la vigencia de la presente ley. Estas edificaciones deben ser intervenidas o
reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una
edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la
presente ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años contados
a partir de la vigencia de la presente ley”, dice la Ley 400 de 1997,
reglamentada por el Decreto 092 de 17 enero 2011.
Pereira es una zona de Amenaza
Sísmica ALTA y hoy no cuenta con ningún plan de emergencia, ni estudios y mucho
menos rehabilitación de sus edificaciones, las viviendas en general siguen
ocupando zonas de riesgo, varios planteles educativos han ido quedando
desocupados por el pésimo estado de sus instalaciones, entre el Gimnasio
Risaralda entre ellos, y aunque algunos estudiantes han sido reubicados otros
todavía ponen en riesgo sus vidas en esas condiciones.
Como si fuera poco la ciudad carece
de un Cuerpo de Bomberos efectivo, pues el actual tiene menos voluntarios,
menos máquinas, y su comandante es un mercachifle, sin formación alguna y sin
mayor mérito que ser cuota de un reconocido concejal, todo esto a pesar de los
recursos significativos que recauda el municipio entre los comerciantes para la
sobretasa bomberil.
Por supuesto, la ciudad no cuenta con
un número importante de acelerómetros que suministre información de suelos y
posibilidades de alerta y mucho menos a una comunidad capacitada para un
eventual situación de emergencia, pues los dineros que se recaudan para estos
fines se malgastan en contratos y pago de favores políticos, como siempre lo
han hecho y lo seguirán haciendo los mismos, con las mismas promesas
incumplidas.
En resumen la ciudad deberá atender
no solo amenazas sísmicas, están los eventos de inundación, los fenómenos de
remoción en masa, deslizamientos, sequías, incendios, etc. Deberá
constituir un sistema de gestión de riesgo, y si como afirmo para la amenaza
sísmica no estamos preparados, para tener un sistema de gestión del riesgo
estamos mucho más lejos.
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